Ante los señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al fiscalizar los gastos en la construcción de la Plataforma Nacional de Transparencia –de la que desprendió un presunto daño patrimonial por 11.5 millones de pesos–, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (responsable del programa), Francisco Javier Acuña, sostuvo que el tema no les ha sido notificado oficialmente ni el fallo se trata de una conclusión definitiva; en su caso, de documentarse alguna responsabilidad, habrá pleno acatamiento de la resolución.

Entrevistado al término de una ceremonia en la que se entregaron reconocimientos a sujetos obligados que completaron la capacitación respecto a sus nuevas responsabilidades de transparencia, Acuña puntualizó, de entrada, que la auditoría fue practicada a petición del propio Inai, a efecto de tener conocimiento claro de todo lo que rodeó a la conformación de la nueva plataforma, elemento clave del nuevo Sistema Nacional de Transparencia.

Ante las preguntas sobre el proceder que tendrá el Inai, Acuña Llamas declinó abundar en detalles sobre las presuntas irregularidades en tanto no sea notificado oficialmente por la ASF y haber desahogado el periodo de solventación de observaciones. Las fiscalizaciones, dijo, son procedimientos similares a un juicio en los que deben desahogarse las etapas.

Sin embargo, el comisionado presidente señaló que el Inai, que por sus facultades es una instancia que vigila a otros actores, está de acuerdo en que sea la ASF la que indague todo el proceso de construcción de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Entre algunas de las irregularidades que se desprenden del documento de la ASF destacan: que se entregó contrato a las empresas Intellego, Dotted Cloud e IPS para desarrollar las dos etapas, aun cuando su propuesta excedía 3.5 por ciento el máximo presupuestado y que había otras empresas que se ajustaban al mismo; que el instituto irregularmente liquidó pagos sin haber corroborado la entrega de los productos y su calidad; igualmente no sancionó a las empresas aun cuando hubo ostensibles retrasos en los plazos pactados.