Ciudad Juárez, Chih.

Activistas y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cdhpn) presentaron un informe sobre desapariciones forzadas y malos tratos en Ciudad Juárez de 2006 a 2015. El documento revela que 60 por ciento de las violaciones a garantías fundamentales en la entidad implican tortura.

Con la divulgación de este análisis, señalaron, pretenden combatir la amnesia gubernamental ante la tortura sufrida por mujeres y hombres en México.

La activista Julia Estela Monárrez Fragoso, académica del Colegio de la Frontera Norte encargada de elaborar la investigación, explicó que los torturadores escogen a personas que tienen menos posibilidades de denunciar y exigir reparación de daños. La tortura suele estar relacionada con privación de la libertad, atentados contra la integridad física, tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, aprehensiones, amenazas, desaparición forzada y homicidio, detalló.

En la conferencia de prensa, el sacerdote Óscar Enríquez, presidente del Cdhpn, dijo que el organismo creó en septiembre de 2011 una base de datos en la cual la trabajadora social Evodia Chaparro registra, desde una conceptualización de derechos humanos, las violaciones a estos derechos, y entre ellas destaca la tortura.

Acotó que los casos registrados son de personas que acudieron al Cdhpn, fueron presentados por familiares o son incidentes conocidos por el organismo en trabajo de campo. Agregó que el Cdhpn incluye un informe estadístico de los abusos en 212 expedientes recabados de 2011 a marzo de 2015. En 129 de estos casos hubo tortura.

El organismo consideró que la tortura es una práctica sistemática de las autoridades y que los jueces están enterados pero no dan vista al Ministerio Público para que investigue.

Enríquez expuso además la postura del centro: La ausencia de castigo a los perpetradores de tortura revela que las procuradurías y fiscalías del país no sólo no se guían por sus obligaciones constitucionales, sino que carecen de voluntad política para llevar a juicio a los responsables. Por su nivel de impunidad, se sienten autorizados a seguir torturando. El Estado es culpable y deudor del derecho de las víctimas a la reparación del daño.

Carlos Gutiérrez Casas, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, reprochó la forma sistemática en que se aplica tortura en Chihuahua y destacó que la anterior administración estatal y la actual –a cargo del priísta César Duarte y del panista Javier Corral, respectivamente– no han actuado para detener esta práctica y reparar el daño a las víctimas.