A unos días de que se dictamine y apruebe el sistema anticorrupción para la Ciudad de México, es prioritario garantizar los principios de un parlamento abierto y tener transparencia total en los nombramientos del secretario técnico e integrantes de ese mecanismo, coincidieron académicos, representantes de organizaciones sociales y diputados constituyentes al presentar un documento con propuestas ante la Asamblea Legislativa (ALDF).

Los procesos cerrados y sin información accesible abren la puerta al predominio de intereses particulares y a la repartición de cuotas entre los partidos políticos. Preocupa que la selección del secretario técnico del sistema provenga de la Comisión de Gobierno de la legislatura y no de una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana local, lo que contraviene la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, coincidieron las diputadas constituyentes Elvira Daniel, Esthela Damián y Tobyanne Ledesma, así como Liliana Veloz Márquez, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, y Lucía Petersen, de Transparencia Mexicana.

Sobre la designación de los titulares de las instituciones que formarán este sistema propusieron que sea mediante procesos abiertos con criterios claros previamente establecidos, así como instrumentos que permitan evaluar la idoneidad de los candidatos.

Que garantice, en el caso del Congreso local, al menos dos terceras partes de los involucrados en el proceso de selección y con instrumentos que permitan evaluar la idoneidad de los candidatos, pidió la coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales.

Asimismo, dijo, para garantizar la progresividad en esta legislación es necesario que las declaraciones públicas patrimoniales de interés fiscal incluyan a los tres poderes y órganos autónomos de la ciudad.

El documento contiene seis propuestas para mejorar las iniciativas para la creación del sistema anticorrupción y fue entregado a la ALDF para que se tomen en cuenta. Sin embargo, los participantes coincidieron en que todo indica que serán aprobadas con prisas, sin la amplia deliberación pública que merecen.