Cuernavaca, Mor.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no aplica los tratados internacionales para investigar desapariciones de niñas, pues no ha entendido el interés superior de la niñez, afirmó Teresa Ulloa, activista e integrante de la Coalición contra la Trata de Personas en América Latina y el Caribe.

Un ejemplo es el de Yamilet, de 11 años de edad, secuestrada en enero de 2016 en el poblado de Santa Rosa, municipio de Tlalizapán. Aún se desconoce su paradero a pesar de que hay dos sujetos encarcelados.

La administración de justicia para menores de edad en Morelos deja mucho que desear, lo que impide parar la ola de desapariciones de niñas y adolescentes. La FGE tiene la palabra.

El 11 de enero de 2016 Yamilet se dirigía a la escuela secundaria. La acompañaba su hermana de 13 años. Dos sujetos, padre e hijo, la subieron a la fuerza a un automóvil Nissan Sentra, que fue localizado tres días después.

El vehículo es propiedad de los imputados; sin embargo, ellos declararon que se lo prestaron a un mecánico, de quien no han dado más referencias.

El único testigo de la desaparición de Yamilet es su hermana, quien identificó a los secuestradores. Incluso se quedó con un zapato porque la jaló para que no la subieran al automóvil y corrió detrás de ellos.

Cerca del lugar donde se halló el auto hay una vivienda en construcción en donde encontraron la mochila de la menor; además, testigos dijeron que vieron a dos hombres jaloneando a una niña uniformada, detalló la activista.

Ante la proximidad del juicio oral contra los acusados, en agosto, Ulloa exigió a las autoridades del estado hacer justicia.

Datos de la organización Digna Ochoa refieren que 55 mujeres de entre 11 y 17 años de edad han desaparecido este año en el estado; siete tienen menos de 10 años y 27 más de 18. De las 89, sólo han sido localizadas 13.