Ante el presunto espionaje a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el gobierno mexicano refrendó su rechazo a cualquier acto que atente contra la libertad de expresión y del derecho a la privacidad de las personas.

En un comunicado emitido por la cancillería, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (SG), en relación con las audiencias que se efectuaron la semana pasada en Lima, Perú, también se manifestó que México tiene un compromiso con el respeto a los derechos humanos y seguirá colaborando con las organizaciones de la sociedad civil, así como organismos internacionales con una política plena de apertura.

Durante las audiencias, representantes de organizaciones de la sociedad civil se refirieron a información reciente sobre casos de presunta intervención de comunicaciones privadas sin mandato judicial a distintos actores sociales en México, incluyendo a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Asimismo, se recibió información de parte de la comisión en el sentido de que algunos miembros del GIEI le habrían manifestado ese mismo día haber recibido en marzo de 2016, mensajes parecidos a lo descrito en una nota periodística publicada por el periódico The New York Times. La comisión ofreció hacer llegar al Estado la información para su atención.

Al respecto, la representación del gobierno compartió información sobre acciones en materia de investigación e invitó a los probables afectados a presentar las denuncias correspondientes, que faciliten las acciones en materia de procuración de justicia.

También en la audiencia sobre el seguimiento al caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se destacaron los avances en materia de investigación y búsqueda, así como el compromiso de seguir cumpliendo con el cronograma establecido en el marco del mecanismo de seguimiento. Igualmente, se destacaron acciones a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Los representantes del Estado subrayaron las acciones y estrategias para hacer frente a la discriminación y violencia en contra de personas LGBTI, así como asegurar los mecanismos en materia de procuración de justicia y atención de violaciones a derechos humanos.