La decisión del Comité de Acompañamiento Ciudadano (CAC) de dejar de participar en la elección del fiscal anticorrupción, con el argumento de que el Senado incumplió su responsabilidad constitucional en esa materia, provocó reacciones encontradas en el Congreso.

Los panistas Ernesto Ruffo y Marcela Torres Peimbert minimizaron ese hecho y frente al señalamiento de que la discusión sobre el nombramiento de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción se ha diluido en el Senado en discusiones políticas e intereses partidistas, los legisladores de Acción Nacional sostuvieron que el CAC concluyó ya su misión.

Los integrantes de ese comité, entre ellos Silvia Inclán Issa Luna, Fernando Nieto y Cristina Puga, acompañaron el nombramiento de posibles candidatos a fiscal anticorrupción, dieron cuenta de que fue un proceso transparente y su trabajo llegó hasta ahí. Ellos mismos renunciaron, comentó la senadora Torres Peimbert. Aclaró que su partido no ha trabado ese proceso.

El nombramiento está detenido, sostuvo, porque es necesario que primero se legisle en torno a la Ley de la Fiscalía General de la República, la que habrá de sustituir a la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que en la misma se brinde autonomía al fiscal anticorrupción.

No es viable un periodo extraordinario

Desde la tribuna de la Comisión Permanente, el senador Miguel Barbosa resaltó que el Senado está en falta, pero por culpa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del gobierno federal, a los que no interesa realmente el Sistema Nacional Anticorrupción, que entrará en vigor el próximo día 19, sin el fiscal y los 18 magistrados responsables de establecer sanciones penales y administrativas.

Barbosa consideró que no tiene caso nombrar un fiscal anticorrupción que sólo estará vigente hasta noviembre de 2018 y que además carecerá de autonomía. Agregó que no ve viable un periodo extraordinario de sesiones para aprobar el fiscal anticorrupción y los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes de la anulación de las elecciones en Coahuila.

También desde el pleno, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna, sostuvo que debe nombrarse ya al fiscal anticorrupción, en los próximos días, aunque sea sólo por años y medio, porque de lo contrario los delitos de corrupción no podrán entrar en vigor.

Coincidió con el señalamiento de los integrantes del CAC, quienes recalcaron que el mayor problema es “que la legislación penal anticorrupción sólo entra en vigor una vez designado el fiscal, según el transitorio primero del decreto que reforma el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial el 18 de julio de 2016.”

Ello significa que todos los casos de malversación de fondos públicos, peculado o tráfico de influencias, que actualmente se procesan, como el del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, se llevarán a cabo con la legislación anterior y con una tipología de delitos penales desactualizada, con penas menores.