Los titulares de dos entes clave del sistema anticorrupción de la Ciudad de México: la secretaría de la contraloría y la fiscalía especializada en combate a la corrupción, serán propuestos por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a partir de las disposiciones contenidas en el paquete legislativo que aprobó ayer la Asamblea Legislativa (ALDF) para crear dicho mecanismo.

El secretario será nombrado por el mandatario capitalino con la ratificación del Legislativo y el fiscal a partir de una terna que enviará a los diputados, y será suficiente una mayoría simple para su aprobación por el pleno. Ambos permanecerán en el cargo durante los próximos siete años, es decir, durante toda la administración de quien resulte electo en el proceso electoral de 2018 para suceder a Miguel Ángel Mancera, y una posible relección por otro periodo de siete años.

La legislación aprobada establece además la posibilidad de que el actual contralor, Eduardo Rovelo Pico, sea considerado por el titular del Ejecutivo local para ocupar la próxima secretaría de la contraloría, que iniciará su periodo en un plazo no mayor a 30 días a partir de la entrada en vigor de la norma, una vez ratificado por la ALDF.

La diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, al fijar el posicionamiento de su partido, que votó en contra de los dictámenes y cuyas reservas fueron desechadas una tras otra, denunció que es una legislación a modo, ¿para cubrir a quién?, a todos los que están en cargos en la administración pública actualmente, señaló.

En el caso del tribunal de justicia administrativa (hoy Tribunal de lo Contencioso Administrativo), que sancionará las faltas de los servidores públicos y particulares vinculados a hechos graves de corrupción, la ALDF prácticamente duplicó su estructura actual al disponer la creación de cinco salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, integradas por tres magistrados cada una, adicionales a las cinco que ya existen, luego de desecharse una propuesta de Morena para limitar la ampliación de dicho órgano en sólo una sala adicional.

En este caso, también corresponderá al Ejecutivo local proponer a los 15 nuevos magistrados para un periodo de 10 años, que serán ratificados por la ALDF por mayoría simple.

En la sesión, el diputado Alfonso Suárez del Real, también de Morena, dio lectura al pronunciamiento presentado la víspera por diputados a la Asamblea Constituyente, para denunciar inconsistencias contenidas en el paquete legislativo respecto de las disposiciones contenidas en la Constitución Política local, como el mecanismo para designar a los titulares de la fiscalía y del órgano auxiliar del comité coordinador del sistema anticorrupción, y que al final no fueron corregidas durante el debate ayer en el pleno.

La diputada priísta Dunia Ludlow Deloya advirtió que el diseño aprobado por la ALDF no pasará la evaluación que hará el Comité de Participación del Sistema Nacional y será, muy probablemente, objeto de una acción de inconstitucionalidad.

En una sesión que se prolongó casi 12 horas, los diputados aprobaron 11 dictámenes, seis que decretan la creación de las leyes del sistema local anticorrupción, de responsabilidades de los servidores públicos, auditoría y control interno de la administración pública, de justicia administrativa y orgánicas del tribunal de justicia administrativa y de la fiscalía anticorrupción, así como cinco que reforman las leyes orgánicas de la ALDF y la administración pública local, de las leyes de fiscalización, transparencia y el código penal.