El ex gobernador de Veracruz Javier N quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa por el delito de delincuencia organizada y justificada por lo que hace a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Será el próximo fin de semana cuando se defina si queda sujeto a proceso penal, y aunque el Ministerio Público buscó que se le trasladara a una prisión federal en Morelos, mientras quedará preso en el Reclusorio Norte.

Lo anterior, luego de que durante la audiencia inicial el juez Gerardo Moreno García llamó la atención al Ministerio Público Federal en dos ocasiones por presentar cifras disparadas en cuanto a las acusaciones que pesan en contra del político veracruzano, ya que en este momento bajo apreciación de la defensa solamente se acredita el desvío de 38 millones 500 mil pesos de recursos destinados a programas educativos y no 438 millones, como se menciona en la acusación presentada.

Durante la audiencia inicial, que se realizó en los juzgados del nuevo sistema de justicia penal, el imputado solicitó que sus datos personales fueran mantenidos en reserva, por lo que desde esta diligencia su nombre no podrá aparecer en medios de comunicación, por considerar que ello podría violar su derecho a la presunción de inocencia, y sólo se le puede identificar como Javier N.

Asimismo, la defensa del imputado solicitó que su situación jurídica se defina hasta el próximo domingo, para que un día antes comparezca en el juzgado Alfonso Ortega López –identificado por las autoridades como uno de sus prestanombres–, quien se convirtió en la principal fuente de las acusaciones.

La diligencia judicial duró más de cinco horas y durante la misma el imputado solicitó que los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) fueran desglosando cada una de las acusaciones en su contra y le informaran a detalle la manera en que se acreditaba su participación en los delitos que se le imputan.

Sin embargo, ante la insistencia del acusado y sus defensores, el juez tuvo que justificar que los representantes de la PGR no contarán con toda la información para aclarar la manera en que se obtuvieron las pruebas y también cómo se vincula al ex gobernador veracruzano en cada una de las operaciones que forman parte de la carpeta de investigación.

El juez Moreno García señaló durante la audiencia que esta es la tercera ocasión en que los representantes de la PGR acudían a audiencias relacionadas con este caso, y los agentes del Ministerio Público no presentaban cifras similares con respecto de otras presentaciones.

Javier N insistió en que los fiscales demostraran de dónde salieron los recursos que señalan fueron desviados –aclarar de qué dependencias–, pero en esta ocasión no acreditaron ese punto, por ello la defensa señaló que la acusación alcanzaría únicamente 38.5 millones de pesos que habrían sido utilizados para la adquisición de 21 parcelas en el ejido Lerma, en Campeche.

La diligencia se alargó porque los defensores de Javier N solicitaron que se puntualizara a detalle cómo fue la adquisición de diversas propiedades, y que se aclarara qué parte correspondía únicamente al periodo en que ejerció como gobernador de Veracruz (del primero de diciembre de 2010 al 14 de octubre de 2016).

En los próximos días la defensa de Javier N presentará como parte de las pruebas con las que busca demostrar la inocencia de su cliente un dictamen pericial en materia financiera y de contabilidad.

Asimismo, se informó que la PGR solicitó al juzgado que se desactivara la orden de aprehensión librada en contra de José Juan Janeiro Rodríguez, otro implicado en este caso, y quien también había sido señalado como prestanombres de Javier N, y ahora se convirtió en testigo.