Cuernavaca, Mor.

Familiares de Juan Mena López y Juan Mena Romero, quienes murieron el 12 de julio al caer en un socavón en el Paso Exprés de la Autopista del Sol, rechazaron el pago de un millón de pesos por cada uno de sus parientes y exigieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como a las constructoras involucradas, una indemnización justa, integral y ejemplar que siente un precedente y evite más negligencias de autoridades y empresas.

Los abogados de los inconformes no precisaron la cantidad que solicitan, pero anunciaron que preparan demandas penales contra todos los implicados.

El litigante Darío Oscos Coria agregó que los hechos podrían configurar homicidio culposo por acción u omisión, daños materiales, a terceros y morales, y que están implicadas personas físicas y morales tanto estatales como privadas.

El integrante del bufete que defiende a la familia Mena Romero ofreció ayer una conferencia de prensa con los también abogados Alejandro Lara Flores y Sergio Martínez en el municipio de Emiliano Zapata, de donde eran originarias las dos víctimas. Oscos Coria destacó que el millón de pesos por cada víctima que el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ofreció como apoyo económico fue rechazado, como anunciaron al día siguiente de los hechos.

Indicó que los afectados decidieron reclamar indemnización integral por daño moral, independientemente del daño material.

Identificó como responsables de las muertes a las constructoras Aldesem y Epccor, así como a Capufe y la SCT, y adelantó que se preparan demandas por las vías penal, civil, administrativa y laboral. Agregó que las demandas incluirán a los cuerpos de emergencia de Morelos, que tardaron casi cinco horas para comenzar el rescate.

Acotó que quienes padecen afectación en su integridad física y sicológica tienen derecho a una indemnización moral, independiente de la que corresponde por daño material.

Afirmó que resarcir el daño moral implica una cantidad que alivie el duelo, el dolor y la angustia de los deudos, además de la afectación a su dignidad y sentimientos. También debe considerarse la gravedad de los hechos y omisiones, así como la capacidad económica de los responsables y, en cuarto término, circunstancias especiales.

Advirtió que si la SCT y las constructoras, no ofrecen una indemnización justa presentarán demandas penales ante la Procuraduría General de la República contra las dependencias federales, las constructoras y quienes resulten responsables.

El abogado aclaró que la prioridad de la familia no sólo es la indemnización, sino que los responsables respondan ante la justicia, y sostuvo que se rechazó el apoyo que ofreció la SCT a fin de procurar una defensa y protección adecuadas.