Con pendientes que podrían ser determinantes para su consolidación, este miércoles entrará en operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Ha sido un largo y tortuoso proceso al que le faltan varios pasos para concretarse. El sistema iniciará sus trabajos sin dos piezas fundamentales.

Han sido varios años de discusiones, propuestas y contrapropuestas, y en el Senado aún no hay acuerdo para nombrar al fiscal anticorrupción, uno de los principales sostenes del sistema, ni a los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que serán los encargados de sancionar a quienes incurran en actos de corrupción.

Además, sólo 19 de las 32 entidades federativas del país han armonizado sus leyes locales con los líneamientos federales anticorrupción, por lo que el proceso seguirá su sinuoso camino con el SNA ya en operaciones.

La iniciativa de contar con un mecanismo contra la corrupción fue una oferta desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero se vio rebasada por otras reformas prioritarias para la administración federal y fue abandonada ante la resistencia de diversos sectores.

Tras casi dos años de gestión, la idea se convirtió en la opción presidencial para sortear las crecientes inconformidades sociales que surgieron a raíz de la divulgación, en noviembre de 2014, de presuntos actos de conflicto de intereses por la llamada Casa Blanca.

Actores de la sociedad civil vieron entonces la oportunidad para empujar el proyecto, mientras que en el Congreso fueron largas las discusiones para definir las reformas constitucionales que darían cauce a este esquema.

Así, hace justo un año, el 18 de julio de 2016, Peña Nieto promulgó en Palacio Nacional las leyes secundarias del SNA –que hoy entran en vigencia–, acto en el que aprovechó para asegurar que había cometido ‘‘un error’’ en el caso de la Casa Blanca, por el que pidió perdón a la ciudadanía.

En esta larga ruta de construcción ya se ha nombrado a quienes estarán al frente de dos áreas también fundamentales para el sistema: los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, formado por Jacqueline Peschard (presidenta), Mariclaire Acosta, José Octavio López, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández. Sin embargo, estos destacados personajes han hecho pública la falta de recursos para esta instancia.

Además, el 30 de mayo pasado los seis integrantes del Comité Coordinador del SNA eligieron a Ricardo Salgado Perillat como secretario técnico del organismo, posición clave para la operación del mismo. Tal designación fue cuestionada por algunos sectores, pues se dio sin argumentación pública en una deliberación privada que no duró ni 15 minutos.

La creación de este sistema implicó la modificación de siete leyes y en él participan además dependencias ya existentes, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Tal es el panorama con el que este miércoles inicia sus operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción. Al respecto, María Marván, especialista en temas de transparencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, confió en que el nuevo esquema de verdad funcione.

La académica subrayó que el SNA debe comenzar a dar resultados en lo federal y lo local a fin de que la confianza ciudadana se vaya consolidando; para ello, dijo, serán necesarias sanciones tanto a servidores públicos como a integrantes de la iniciativa privada que vulneren las normas e incurran en actos de corrupción.

Hayddé Pérez, directora ejecutiva de Fundar, expresó: ‘‘Esperamos que comiencen a implementarse de manera decidida todos los componentes del sistema que ya han sido aprobados. Contamos con leyes que entran en vigor y con instituciones que han visto reformado su mandato, por tanto, tenemos herramientas suficientes y fortalecidas para empezar a dar una lucha decidida en todos los aspectos del combate a la corrupción’’.

Ubicó tres retos: trascender la lógica del reparto de cuotas o de relaciones políticas para el nombramiento de los titulares de las instancias pendientes; desmantelar la red de corrupción enraizada en el sistema político del país, y dar resultados. ‘‘Éstos, no únicamente deben ser los que tienen gran impacto en los medios, donde se enfoca la atención en peces gordos, sino dar respuesta a los intereses y necesidades de la ciudadanía’’.