Para la Procuraduría General de la República (PGR), las imprecisiones cometidas por sus fiscales en la audiencia en la que el ex gobernador Javier Duarte de Veracruz es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada son ‘‘irrelevantes en esta etapa del proceso’’. Señalaron lo anterior funcionarios de la institución que encabeza Raúl Cervantes Andrade.

En ese contexto, el Ministerio Público Federal reveló que aún sigue investigando al ex mandatario veracruzano –quien fue extraditado de Guatemala a México el mismo lunes en que se desahogó la audiencia inicial– e indicó que sigue perfeccionando muchos detalles de las acusaciones presentadas.

En la diligencia, el juez del caso, Gerardo Moreno García, dijo a los representantes del Ministerio Público Federal que sus números no cuadraban, ya que no fueron capaces de detallar cuánto costaron varios de los inmuebles que, se señala, fueron adquiridos con recursos ilícitos por parte del político veracruzano.

En la audiencia del lunes, realizada en el Reclusorio Norte, la defensa del ex gobernador de Veracruz logró que se detuviera el desahogo de la misma cuando apenas comenzaba. Habían pasado solamente siete minutos. Lo anterior, al señalar que el Ministerio Público Federal no le había dado acceso al contenido de la carpeta de investigación y que las constancias ministeriales las habían entregado horas antes.

Por esa razón, los abogados de Javier ‘‘N’’ lograron que se decretara el receso de una hora, tiempo en el que el abogado Marco Antonio del Toro y dos de sus colaboradores revisarían tres cajas de documentos.

Tras el receso, el juez Moreno García ordenó que los fiscales de la PGR le hicieran saber los hechos que se imputaban al ex priísta. Los agentes del Ministerio Público dijeron que el imputado, durante su gestión como gobernador dirigió una organización criminal que operó en Veracruz, la Ciudad de México y Campeche, y que facilitó dinero que desvió por medio de operaciones bancarias para constituir empresas fachadas.

En ese momento, el imputado solicitó que los representantes de la PGR le leyeran ‘‘cargo por cargo’’ y que de manera detallada le dijeran de manera precisa el periodo en el que supuestamente cometió los delitos y si las operaciones las realizó siendo gobernador o antes de asumir el cargo.

A partir de ese momento, los fiscales comenzaron a incurrir en imprecisiones y contradicciones, a grado tal que tardaron una hora en contestar las primeras preguntas que formularon el ex mandatario y su defensa. Los representantes de la procuraduría mostraron su desconocimiento del expediente.

Los fiscales señalaron que en el caso de la adquisición de algunas de las 21 parcelas en el Ejido Lerma, en Campeche, éstas tuvieron un costo de 300 mil pesos; sin embargo, el juez les señaló que en otras audiencias los enviados de la PGR habían mencionado montos diferentes.

El abogado Del Toro dijo: ‘‘Señor juez, los fiscales no vienen suficientemente preparados’’. Además, el juez apuntó: ‘‘Cuando giré la orden de aprehensión me dijo su homólogo que el precio de una (de las parcelas) era de 250 mil y otra de 100 mil pesos. No puedo fingir demencia y decir que no conozco el caso’’.

Luego, los fiscales fallaron a la hora de precisar las fechas en que Javier ‘‘N’’ adquirió diversos inmuebles, y al tratar de justificar que fueron comprados durante su gestión como gobernador, indicaron que estas transacciones ocurrieron en 2010 y 2011, fecha en que él no había asumido.

Ante los cuestionamientos respecto de la forma en que se habrían desviado 439 millones de pesos de programas de salud y educación a empresas fachadas, los integrantes de la procuraduría aceptaron que sólo contaban con documentación para acreditar la presunta participación del ex gobernador en el desvío de 38.5 millones de pesos, lo que derivó en que el juez señalara a la defensa de Javier N que los números no cuadraban, y que un caso de esta envergadura tiene sus complejidades: ‘‘Si les cuesta trabajo, no es atribuible al juzgado o a la defensa’’.

Para la PGR estos datos ‘‘son irrelevantes en esta etapa’’ y confió en que eso se precisará conforme avancen las audiencias, dijeron funcionarios de la dependencia consultados.