Buenos Aires.

Como parte de la campaña del gobierno argentino derechista de Cambiemos, el juez Claudio Bonadío ordenó el lunes detener al contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, a pesar de que el magistrado se declaró incompetente en la causa por la que lo detuvo, y ayer rechazó la petición para excarcelarlo. Mientras, el oficialismo presiona para que el diputado nacional del Frente para la Victoria (FPV) Julio de Vido, ministro de Planificación del anterior gobierno, sea expulsado del Congreso.

La abierta persecución contra el FPV cae ahora sobre De Vido a quien primero el gobierno del presidente Mauricio Macri intentó desaforar, sin lograr apoyo de la oposición, y ahora se está dirimiendo la posibilidad de su expulsión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, acusado por el oficialismo de supuesta inhabilidad moral.

En este caso el diputado Ricardo Alfonsín, hijo del ex presidente Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR), que está en la alianza Cambiemos, rechazó las acciones contra De Vido y advirtió que es una violación a la Constitución, recordando a su partido que el fin no justifica los medios ni podemos convertirnos en caníbales.

De Vido está señalado en las causas abiertas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pese a que no existen pruebas sobre ningún delito.

En otro orden, este 18 de julio se recordó una vez más el atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA) perpetrado en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

Diana Malamud de la organización Memoria Activa, que reúne a familiares de las víctimas señaló que a 23 años del asesinato de nuestros familiares y amigos, volvemos a decir presente para denunciar la impunidad y rechazó las políticas del gobierno de Mauricio Macri sobre la búsqueda de justicia, recordando que recién con la nueva Unidad Fiscal AMIA, que asumió tras la muerte del fiscal Alberto Nisman (en enero de 2015) se pudo poner nombre y apellido a la víctima 85, además de hallarse un perfil genético que no coincide con ninguno de los muertos identificados y podría pertenecer a un atacante. ¿Cómo es posible que hayan tardado 23 años en realizar las pruebas de ADN que Memoria Activa solicitó una y otra vez durante años?”, preguntó.

Señaló nuevamente al anterior juez, Juan José Galeano, el primero en actuar en esta causa y destituido de su cargo por graves irregularidades, y recordó que el fallecido fiscal Alberto Nisman no produjo ningún avance en 10 años. “Cuánta complicidad pudo haber habido para no investigar nada …Hicieron todo lo que estaba a su alcance para que jamás sepamos quienes, cómo y por qué volaron la AMIA”.