Lima.

La jefa de los abogados del Estado, Julia Príncipe, denunció tras ser removida de su cargo el jueves, la injerencia del gobierno peruano en su labor por haber evitado la venta de activos ligados al gigante brasileño Odebrecht.

Es una clara injerencia del Poder Ejecutivo en la labor que desarrollan los procuradores, aseguró Príncipe, durante una conferencia de prensa, tras su cese y el de la procuradora especial para casos de corrupción vinculados con sobornos de firmas brasileñas, Katherine Ampuero.

La salida de Príncipe al frente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y de la procuradora Ampuero fue anunciada por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Ambas fueron nombradas en septiembre de 2016 por el actual gobierno.

Los desacuerdos con las procuradoras se remontan al 10 de julio, cuando la ministra de Justicia comunicó a Príncipe el malestar del presidente Pedro Pablo Kuczynski y del primer ministro Fernando Zavala, por frustrar la venta de los activos de Olmos en la represa de Olmos, señaló la saliente jefa de los procuradores públicos.

La procuradora Ampuero había prohibido la venta de Olmos semanas atrás, echando por tierra los planes del gobierno. Queremos que Odebrecht se vaya ahora, que todavía tiene un valor en el mercado, y la forma es haciendo que se vendan todos sus activos. (...) Lo que no puedo es dejar que esta venta y cualquier otra se caiga porque alguien no quiere aplicar la ley, dijo la ministra Pérez Tello al justificar la decisión.

El ex presidente Alan García atribuyó el cese, al hecho que la procuradoría pidió en marzo a la fiscalía incluir al presidente Kuczynski en una investigación sobre Odebrechet, por presuntas operaciones sospechosas y supuestos aportes de la empresa Odebrecht Latinvest Perú a favor de la empresa Latin America Enterprise, vinculada al presidente.

El objetivo de Ampuero es verificar si la brasileña Odebrecht, que reconoció haber pagado sobornos en Perú por unos 29 millones dólares para beneficiarse con obras públicas, participó en el financiamiento de la última campaña electoral de Kuczynski.

A la cárcel, ex ministro de Electricidad de Ecuador

En Quito la Corte Nacional de Justicia informó que el padre y un socio del ex ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, vinculados con la red de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, irán a la cárcel.

Los nuevos implicados en este caso son Marco Mosquera, que estará en arresto domiciliario por ser un adulto mayor, y el empresario Santiago Játiva luego de que esta semana la fiscalía presentó documentos que los vinculan al caso.

El ex ministro permanece detenido desde abril bajo el cargo de haber recibido un millón de dólares de Odebrecht, mientras que un tío del funcionario también está bajo arresto domiciliario. Todos los vinculados a este caso están siendo investigados por lavado de activos.

El escándalo por la red de corrupción de Odebrecht también derivó en la renuncia del contralor general de Ecuador, Carlos Pólit, quien se encuentra en Estados Unidos.

La fiscalía revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma con el Estado ecuatoriano entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en que fueron otorgados. El gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017) impulsó proyectos por alrededor de mil 600 millones de dólares con Odebrecht.