Morelia, Mich.

La comunidad purépecha de Tarejero, municipio de Zacapu, rindió homenaje ayer a cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz, así como a Rafael Chávez Rosas, de la comunidad de Caltzontzin, detenidos y desaparecidos hace 43 años, durante la guerra sucia en contra de opositores políticos durante la segunda mitad del siglo pasado.

Hace tres semanas, las familias de las víctimas rechazaron la propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de buscar una solución amistosa con el Estado Mexicano, por lo que continúan exigiendo un informe de fondo que esclarezca las desapariciones forzadas y sancione a los responsables, además de transparentar la documentación sobre la represión a los llamados grupos subversivos.

Hace más de cuatro décadas, segú afirma la familia Guzmán Cruz, las fuerzas federales detuvieron, torturaron y desaparecieron a José de Jesús Guzmán Jiménez, Amafer Guzmán Cruz, Armando Guzmán Cruz, Adenauer Solón Guzmán Cruz y Venustiano Guzmán Cruz, todos originarios de Tarejero; paralelamente, también fue aprehendido, torturado y desaparecido Rafael Chávez Rosas, de la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan.

La operación militar en Tarejero y las desapariciones forzadas coordinadas, supervisadas y ejecutadas por el Estado Mexicano, se encuentra ampliamente documentadas y reconocidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Fuente: Recomendación 26-2001/CNDH), señalaron los familiares de las víctimas.

El 25 de octubre de 2006, en la CIDH, acompañados por la Fundación Diego Lucero y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, denunciaron la desaparición forzada y la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de tales hechos (Informe No. 50-13/Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

La primera audiencia sobre el caso Guzmán Cruz tuvo lugar el pasado 7 de julio de 2017 y en la comparecencia, la familia, representada por Abdallán Guzmán, quien rechazó una solución amistosa con el Estado mexicano y exigió justicia.

En los pasados 17 años han sido desaparecidos 14 autoridades comunales y luchadores sociales indígenas: cinco, en Ostula, municipio de Aquila; cinco en Cherán; dos en Zopoco, municipio de Chilchota, y dos en Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga.