Caracas.

Con barricadas, comercios cerrados, el confinamiento de los venezolanos en sus casas y violentas protestas que dejaron un muerto y varios heridos, se cumplió este miércoles la primera jornada de un paro cívico de 48 horas convocado por la oposición para obligar al presidente Nicolás Maduro a suspender la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, convocada para el domingo.

Paralelamente, el gobierno venezolano enfrentó la presión internacional. Estados Unidos anunció sanciones contra más funcionarios venezolanos, y 13 países, de los 34 miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmaron una declaración en la que llaman a suspender la Constituyente.

Estados Unidos, México, Argentina y nueve naciones más de la OEA suscribieron una declaración en la que exhortaron a Maduro a suspender la elección por considerar que equivale a un desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática.

En el texto, suscrito además por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú, se expresa preocupación por lo que consideran una grave alteración del orden democrático, la agudización de la crisis y el aumento de la violencia.

Revés diplomático

Uruguay, que en marzo se sumó a estas 13 naciones para exigir a Venezuela la liberación de sus presos políticos y la fijación de un calendario electoral, no firmó el documento.

Álvaro Gallardo, embajador alterno de Uruguay ante la OEA, explicó a periodistas que su país decidió no suscribir la declaración porque la Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo previsto en la Constitución venezolana.

Analistas interpretaron la firma de sólo 13 miembros de la OEA como un fracaso para el secretario general, el uruguayo Luis Almagro, quien en su batalla diplomática contra la república bolivariana perdió el respaldo de su país.

Venezuela, que se ausentó del debate, aprovechó antes de su inicio para repudiar las agresiones sistemáticas de Estados Unidos, al que acusó de liderar una campaña de inteligencia para derrocar el gobierno constitucional de Maduro, en coordinación con Colombia y México.

El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 13 funcionarios venezolanos por quebrantar la democracia, y amenazó con más penalizaciones si Maduro mantiene sus planes de reescribir la Constitución.

Washington acusó de promover la votación y minar la democracia en Venezuela a: Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; el ministro de Educación y jefe de la comisión presidencial por la Constituyente, Elías Jaua; el defensor del Pueblo Tarek William Saab, e Iris Varela, integrante de la comisión preparatoria de la Constituyente.

Entre los sancionados incluyó al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, así como a tres altos mandos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a quienes responsabilizó de represión y violencia durante las protestas opositoras iniciadas en abril pasado. Otros cuatro funcionarios, a los que imputaron corrupción, fueron incluidos en la nómina por lo que fueron congelados los activos que tengan en Estados Unidos y se prohibió a todo estadunidense hacer transacciones con ellos.

Maduro repudió la ilegal, insolente e insólita pretensión de un país –Estados Unidos–, de penalizar a otro. No reconocemos ninguna sanción; para nosotros es un reconocimiento a la moral, a la lealtad patria, a la honestidad ciudadana, dijo tras condecorar a los afectados.

También desestimó el paro cívico y reiteró que la elección de la Constituyente se realizará el domingo a pesar de la escalada de las protestas y más amenazas de Estados Unidos. Ha sido derrotado el intento de paro, apuntó y aseguró que a Venezuela no la para nadie.

Pero en las calles se registraba violencia: militares y policías lanzaban perdigones y bombas lacrimógenas contra manifestantes, que los enfrentaban con piedras y cócteles molotov en Caracas y otras ciudades.

En el este de la capital, la jornada transcurrió con poco tránsito de vehículos y transeúntes, además de bloqueos de vías, pero en otras zonas se evidenciaba un mayor flujo de personas al compararlo con el paro de 24 horas realizado la semana pasada.

La fiscalía general confirmó la muerte de un hombre de 30 años en Ejido, en el estado Mérida, con lo que suman 104 las víctimas mortales durante las protestas que iniciaron hace cuatro meses para exigir la salida de Maduro. Varios resultaron heridos y unos 50 fueron detenidos este miércoles.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, dijo que a la huelga se sumaron como apoyos claves centrales sindicales, gremios de transporte y la agrupación patronal Fedecámaras.

Mientras, el vicepresidente de Cuba, José Ramón Machado, reclamó respeto a la soberanía y autodeterminación de Venezuela, tras rechazar especulaciones de diarios internacionales sobre la participación de La Habana en una mediación internacional.

La Unión Europea expresó su preocupación por una escalada de violencia. La convocatoria a una Asamblea Constituyente es controvertida en la sociedad venezolana y por tanto amenaza con exacerbar la polarización y el riesgo de confrontación, señaló.

La oposición estimó en 92 por ciento el éxito de la huelga de 48 horas convocada para presionar al gobierno.