ste año el gobierno y muchos de nuestros políticos han demostrado con claridad la necesidad que tienen de la corrupción y la impunidad para gobernar y desarrollar su versión de democracia. Voy a mencionar enseguida cinco hechos significativos de corrupción a partir de julio de 2016, mes en que se promulgaron las siete leyes que constituyen el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

1) La impunidad que han disfrutado algunos gobernadores estatales que han destinado recursos públicos a su patrimonio personal o a las campañas de su partido. Lo que entre cosas les permite disfrutar como de una especie de seguro, por el que las autoridades federales y locales actuarán con condescendencia y negligencia en la investigación de posibles delitos que hayan cometido, así como en la aplicación de penalizaciones una vez que terminen su periodo de gobierno. 2) La negación de evidentes conflictos de interés por parte de autoridades designadas por el gobierno, y cuyas acciones deberían estar sujetas a evaluación. 3) La utilización de recursos públicos y la participación de funcionarios de alto nivel en las campañas electorales de su partido. 4) El establecimiento de los sistemas locales anticorrupción en los estados, que presenta graves atrasos y revela el interés de los gobernadores de que el sistema no entre en operación. Sólo los estados de Querétaro, Jalisco y Nuevo León han cumplido con la implementación oportuna de las medidas necesarias para que el sistema opere en la fecha prevista. Los otros 29 no lo han hecho. 5) La postergación de nombramientos de elementos determinantes para que el SNA inicie sus operaciones a nivel federal, como es el caso de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción. Como una excepción en el periodo, debe mencionarse la actuación de la Auditoría Superior de la Federación. Pese a ello el resultado de sus auditorías no es atendido con eficiencia por el poder judicial en la mayor parte de los casos.

Todo lo cual, y otras situaciones más, nos permiten afirmar que la impunidad sigue en su apogeo, y que es evidente que algunas de las autoridades buscan diferir las medidas necesarias para que el SNA opere. Además, siempre habrá el riesgo de que cuando entre en operación alguno de sus integrantes designados por el gobierno, o nombrados por los partidos políticos, no actúe con la autonomía necesaria. En fin, la opacidad y la discrecionalidad que requiere la corrupción para su operación no se va a lograr eliminar mientras el gobierno en todos sus niveles sea el único responsable de que así suceda. Y sin embargo, hay muchas naciones en las que no hay corrupción, ni siquiera percepción de ella, como es el caso de los Países Escandinavos, Nueva Zelandia y otros. Por lo que cabe preguntarse qué hacen y qué han hecho sus ciudadanos para que así suceda. La primera característica común que se observa en todos ellos es el respeto al derecho ciudadano de conocer en detalle el resultado de su esfuerzo tributario, por medio de una rendición de cuentas que permita la transparencia absoluta y detallada de la gestión gubernamental. La cultura en esos países incluye la práctica de solicitar esta información en forma natural y sistemática.

La rendición de cuentas es integral, y contiene entre otras las siguientes características: a) La información se proporciona en forma anónima al interesado y es fácilmente accesible. b) Está permanentemente actualizada y en línea. c) Incluye la utilización de los recursos públicos de todas las instancias de gobierno, instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, etc. d) Los contratos de obra pública y de compras, incluyendo su justificación, impacto social, procesos de licitación y otorgamiento, así como el nombre de proveedores y ofertantes. e) Litigios en proceso en el poder judicial. f) Información que permita juzgar la eficiencia de la gestión gubernamental, aún cuando no implique movimiento de recursos públicos. g) Declaraciones patrimoniales y fiscales de los funcionarios de alto nivel de todas las instancias, incluyendo currículos. En el caso de nuevos nombramientos, el currículo y el patrimonio deben ser publicados antes de la designación, y pueden ser objetados. h) Los ciudadanos pueden además difundir sus comentarios, denuncias de corrupción, posibles conflictos de interés, sugerencias, quejas, objeciones etc., mediante organizaciones de la sociedad civil establecidas para tal efecto, conservando desde luego su anonimato. La consecuencia es que la ciudadanía se convierte en el eje de la lucha contra la corrupción, y en el elemento determinante para su gradual eliminación. De hecho conviven en una democracia participativa que utiliza la rendición de cuentas para vigilar y exigir la eficiencia, la honestidad y la legalidad, en una gestión gubernamental enfocada a lograr una democracia apegada a la legalidad y a la ética, la eficiencia, la equidad en el mercado, la búsqueda eficaz del bien común, y el logro de un auténtico estado de derecho.

Lo anterior no es un sueño, sino una realidad en diversos países. En nuestro país contamos ya con una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con el instituto que debe implementarla sin cortapisas. Con un SNA en vías de operar, aunque sujeto a los obstáculos descritos, y que requiere para lograr sus propósitos de la participación de la sociedad civil en forma indispensable. Operan también diversas organizaciones ciudadanas dedicadas a lograr la eliminación de la impunidad. La siguiente etapa es el lograr motivar a nuestra ciudadanía para que reconozca la importancia de su participación, y utilice sus derechos en materia de rendición de cuentas, exigiendo sin descanso información, procesándola y dándole seguimiento.