a reforma laboral Calderón-Peña de noviembre 2012 constituyó la primera de su proyecto de “modernización”. Por sus objetivos; concepción y ausencia del debido debate social, frente a la magnitud, alcance e impactos de lo reformado, es una reforma excluyente. Con ella se perdió la naturaleza tutelar que el Estado garantizaba para normar la asimétrica relación entre quienes signan el contrato obrero-patronal. Sus impactos acontecen en el cuadro de sobre cargas de trabajo y abatimiento salarial, sin par, en el horizonte latinoamericano.
Tampoco mejoró el horizonte de estabilidad laboral: impuso precarización creciente del ciclo de vida laboral. No modernizó. Es un salto hacia atrás que incrementa las intensidades de la jornada con menos derechos, mínima protección social, pensiones a la baja y servicios de salud compactados. Además, hunde el soporte financiero y la misión cohesiva de la seguridad social.
Al asumir nuevas figuras de contratación, afectó los tipos de cotización de los jóvenes. Efecto que amplifica la terciarización ( outsourcing) y su legalización. Reduce el costo de la fuerza de trabajo y permite que, en una misma empresa, coexistan trabajadores con las mismas funciones pero con salarios y prestaciones diferentes. Y, por el nivel de la cuota obrero-patronal, compromete el adecuado financiamiento del cuadro vigente de prestaciones de la seguridad social.
Sin embargo, para Tomás Natividad, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, se propondrá una “nueva” reforma que incluya cambios a los esquemas de contratación a prueba, capacitación inicial, trabajo por hora y subcontratación, al tiempo que agregarán a la Ley Federal del Trabajo, nuevas formas de trabajo y contratación: el teletrabajo ( home office) y el modelo dual (formación en la escuela y en la empresa). Ello responde a que quedaron “mal reglamentados” en 2012. Además, el sector obrero “está de acuerdo en entrarle” para alcanzar una legislación “más moderna” que ayude a “crear más empleos” (sic). Según Natividad, México es el “único” país de la OCDE que “no” los tiene bien reglamentados. El de capacitación inicial, que por los “tabúes no pudimos llamarlo trabajo de aprendizaje”, quedó “inútil” la reglamentación y “no se aplica” (26/6/17).
Rafael Sánchez Navarro del Bufete BSN agregó que el trabajo por hora es otro “pendiente”, dado que se aplica en cines, cafeterías o establecimientos de comida rápida que “requieren” personal “en ciertas horas”: se requiere “reglamentación más puntual”, puntualizó.
Poco antes (23/6/17), Santiago Levy, cuestionado ex director del IMSS y responsable de la fracasada política zedillista antipobreza, había pontificado que el “lento” crecimiento de la economía mexicana se vincula con la informalidad “creciente desde 1990”. Porque “tienes dos fuerzas atacando la misma situación de desigualdad pero con una los gravas y con otra los incentivas”. Aunque no se atreve a decir las cosas por sus nombres se refiere, primero, a la reforma laboral-Peña y, después, al Seguro Popular de Frenk-Fox.
Como el también criticado Coneval-Hernández Licona, Levy cree que el sector público crea incentivos “indirectos” a la informalidad con la “multiplicidad” de programas sociales, como los de salud. Pero simultáneamente se favorece a las empresas para que “pasen de la formalidad a la informalidad”. No se atreve pero alude al outsourcing. En su tradicional tecnocrático lenguaje alude a que la ley “permite” a las firmas operar bajo “dos sistemas”: asalariados formales protegidos con beneficios sociales; y no asalariados informales, “subcontratados” con salarios bajos y sin prestaciones: “con lo que están rompiendo todo tipo de ley”.
Claro que Levy evita deliberadamente ocuparse del entero modelo económico que soporta los cuerpos de política objetos de sus “finos” análisis y del que él mismo es corresponsable. “Estos huecos legales” en los que operan las empresas en México, declara, “han reducido” el número de contribuyentes, impactando en la capacidad de generar recursos al erario y han “motivado” a más empresas a moverse del sector formal al informal. ¿“Huecos” o plena operación de la reforma laboral-Peña?
Simultáneamente, Manuel Ramos Francia, subgobernador del Banco de México, admitió que “muchas” de las grandes firmas –que suelen ser los contribuyentes cautivos del sector público– “tienden” a dirigir una alta proporción de sus operaciones al sector informal “resultado de huecos legales”. ¿“Huecos” o plena operación de la reforma laboral-Peña? Y agregó: “ellas suelen tener una alta proporción de sus empleados bajos esquemas de subcontratación” (23/6/17).
La STPS inició operativos para inspeccionar 300 empresas de outsourcing, verificando el registro ante el IMSS, así como las cotizaciones con el salario real. Una de las malas prácticas, aseguró, consiste en inscribir formalmente trabajadores con un salario mínimo, mientras reciben otra cantidad fuera de registro.
Pero, como señala Mónica Flores de Manpower, identificar empresas con contrataciones informales y evasión de impuestos demanda que se involucre la SHCP: “no sólo son las multas e inspecciones”; tiene que “intervenir” Hacienda y la “ética empresarial” de quienes contratan. Flores asegura que existen 900 empresas de tercerización registradas, aunque sólo 100 son visibles ante el IMSS. De ellas apenas “40” pagan todos los impuestos correspondientes y “menos” de 80 por ciento permiten auditorías legales según los estándares de la Asociación Mexicana de Empresas en Capital Humano. Algunas no se registran como tales y “podrían” ser despachos contables. Para operar con huecos fiscales, otras “usan” figuras como sindicatos o cooperativas (2/3/17).
Costos de la reforma laboral-Peña, aunque declare: “éste es, sin lugar a dudas, el sexenio del empleo”.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
