Madrid.

Cristiano Ronaldo, la estrella del Real Madrid, cambió los terrenos de juego por el salón cerrado y solemne de un tribunal de justicia. El portugués respondió a las preguntas de la juez instructora y de los abogados de la acusación durante 90 minutos, en los que fue cuestionado por el millonario fraude fiscal por el que se le imputan hasta cuatro delitos que le podrían acarrear penas de prisión de entre siete y nueve años. Este caso es el más grave y cuantioso que se conoce de un futbolista en España.

Alrededor de las 11:30 horas entró por la puerta del estacionamiento de los juzgados de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón el vehículo en el que viajaba Cristiano Ronaldo junto a su equipo de seguridad. En el edificio había centenares de medios y una nutrida presencia policial, ante el riesgo de que pudiera haber aficionados en favor o en contra del jugador luso. Tras responder a las preguntas, Ronaldo se negó a hablar ante los reporteros, como habían previsto sus abogados.

Se limitó a hacer público un comunicado en el que insistió en que en ningún momento cometió un ilícito y que las maniobras que realizó en los paraísos fiscales fue por recomendación de sus asesores, que son de los mejores del mundo.

Ronaldo es una pieza de un complejo entramado de presuntos defraudadores fiscales tejido por el hombre clave de la trama: su agente y el de otros muchos futbolistas y entrenadores, el también portugués Jorge Mendes, quien habría sido el ejecutor de la maniobra de triangulación financiera con la que el jugador madridista habría evadido decenas de millones de euros al fisco español durante años. Mendes también es investigado, así como otros de sus representados, como José Mourinho, Pepe y Fábio Coentrão, entre otros.

La investigación salió a la luz gracias a una revelación periodística que, a su vez, fue posible debido a la filtración de datos conocida como FutbolLeaks, sobre los manejos financieros de decenas de futbolistas y entrenadores o agentes. A partir de ahí, la Fiscalía española inició las indagatorias y descubrió que Cristiano habría hecho una maniobra fraudulenta entre 2011 y 2014 para no tributar al fisco español sus ganancias por las campañas de imagen.

El mecanismo es habitual entre las grandes fortunas: se creó una red de empresas en un paraíso fiscal, en este caso las británica Islas Vírgenes orientales, a las que vendía sus derechos de imagen. Pero en realidad suponía venderse a sí mismo esos derechos, ya que el único propietario de esas empresas ficticias era él mismo.