esde la capital mexicana no es fácil comprender lo que ocurre en Caracas. Entre una y otra ciudades hay casi 3 mil 600 kilómetros, siete horas y media de vuelo y un muro espeso y doble de desinformación: de un lado, Nicolás Maduro es la rencarnación de Simón Bolívar con escala en Hugo Chávez y del otro, la bestia apocalíptica; de un lado, el pueblo en masa defiende a su gobierno de unos terroristas apoyados por Washington y del otro, una sociedad sedienta de libertad y democracia se rebela en contra de una tiranía corrupta. Cuando uno está fuera de Venezuela es complicado, pues, hacerse un panorama claro de lo que pasa adentro. Salvo que resulta evidente el cerco estadunidense (auxiliado por algunos gobiernos sumisos) en torno al régimen bolivariano.
Lo que sí puede saberse es que Vicente Fox llegó a Los Pinos como resultado del tesón democrático de la sociedad y que salió de allí como el destructor de la democracia, tras organizar una elección de Estado y orquestar un fraude electoral para burlar la voluntad popular e impedir que López Obrador lo sucediera en el cargo; que durante su mandato desapareció sin dejar rastro más de un billón de pesos procedente de los ingresos extraordinarios por los sobreprecios petroleros; que entre 2001 y 2006 permitió y hasta alentó la brutalidad represiva de gobernadores priístas como Ulises Ruiz (Oaxaca) y Enrique Peña (Edomex), y que sus hijastros hicieron pingües negocios a la sombra del Fobaproa.
Habría que imbuirse en múltiples lecturas para determinar quién ha violentado más el marco legal venezolano: si los opositores, con su pretensión de derrocar a un presidente democráticamente electo, o si el gobierno, con su empeño de fabricarse una Constitución a la medida. Pero basta con tener presente la Carta Magna mexicana para saber que Felipe Calderón violentó la tarea constitucional de las Fuerzas Armadas al lanzarlas a una guerra estúpida, contraproducente según sus objetivos declarados y criminal porque conllevaba, desde sus primeros cálculos, la certeza de un sufrimiento atroz para la población civil no involucrada; y sólo con consultar el artículo 123 del Código Penal Federal uno se da cuenta de que el michoacano incurrió en traición a la patria al apoyarse en la embajada estadunidense para alcanzar la Presidencia, al entregar a Washington decisiones e información que eran de la exclusiva jurisdicción de las instituciones mexicanas y al permitir que personal militar y policial de la potencia vecina operara libremente en territorio nacional. Tampoco está claro, por cierto, qué hizo Calderón con los 250 mil millones de dólares que recibió su administración por concepto de exportaciones petroleras.
Un ciudadano mexicano común no tiene a su disposición los datos y los elementos de juicio necesarios para determinar si los funcionarios del régimen venezolano que fueron objeto de las sanciones decretadas por la Casa Blanca –a las que se cuadró de inmediato la cancillería mexicana– realmente son culpables de actos de corrupción y de lavado de dinero. En cambio, es público y probado que Enrique Peña Nieto y su esposa disfrutaron de una mansión que les fue cedida en condiciones sospechosamente favorables por uno de los principales contratistas del gobierno y hay sustento documental para saber que la casa que Luis Videgaray posee en Malinalco le fue vendida por ese mismo contratista en unos términos tan ventajosos que ninguna empresa inmobiliaria concedería a ningún cliente. A lo que puede verse, Grupo Higa decidió hacer una generosísima excepción con Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores que se pliega con entusiasmo al castigo de Washington en contra de venezolanos supuestamente corruptos.
De abril a la fecha han muerto en Venezuela más de un centenar de personas en el contexto de las violentas confrontaciones entre las fuerzas del orden y manifestantes opositores no siempre pacíficos. Habría que hacer un acucioso recuento de cuántas de las bajas pertenecen a la disidencia antichavista, cuántas, a efectivos de las fuerzas del orden, cuántas, a militantes del oficialismo y cuántas más, a personas sin filiación que fueron confundidas o que resultaron abatidas por accidente. Pero ninguna fuente oficial o independiente coloca la cifra de muertos del calderonato por debajo de los 60 mil, número que ya ha sido superado en la administración de Peña; miles de ellos eran ciudadanos sin relación con la delincuencia organizada. Dos datos adicionales: la CNDH documentó el asesinato de 63 defensores de derechos humanos en el sexenio de Calderón y la ejecución extrajudicial de 45 periodistas en lo que va del peñato.
Como puede verse, desde México no es fácil comprender lo que ocurre en Venezuela.
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