Xalapa, Ver.

De no atender las necesidades educativas de niños y adolescentes indígenas y jornaleros agrícolas migrantes en México, nos arriesgamos a que se siga reproduciendo en el sistema nacional de enseñanza la desigualdad social, advirtió Sylvia Schmelkes del Valle, consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En la medida en que no tomemos acciones decisivas, el sistema no va a funcionar como igualador social; sólo 15 por ciento de los casi 350 mil menores jornaleros agrícolas asiste a la escuela, recordó. Se corre el riesgo, dijo en entrevista con La Jornada, de que los invisibles sigan siendo invisibles o que adquieran visibilidad de otra manera, de forma conflictiva.

En el contexto de la presentación de la cuarta edición del Semáforo municipal de los derechos de la infancia y la adolescencia en México, elaborado por la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos (Odisea), y la aplicación de las directrices para mejorar la atención de niños indígenas y jornaleros, destacó que el INEE dará seguimiento a la aplicación o no de dichas reglas que ha emitido para mejorar la enseñanza en este sector de la población.

No obstante, reconoció que las acciones propuestas no son de obligado cumplimiento, pero la ley señala que se deben tomar en cuenta para el diseño de las políticas públicas, aunque si no lo hacen tampoco pasa nada.

Luis Alberto Barquera, presidente del consejo directivo de Odisea, destacó entre los principales indicadores del bienestar de la infancia en Veracruz, que siete de cada 10 viven en la pobreza, lo que limita el ejercicio pleno de otros derechos, como a la educación y la salud. Medio millón de niños y adolescentes en la entidad no tienen acceso a servicios médicos, mientras 337 mil menores de tres a 17 años de edad no asisten a la escuela, lo que afecta principalmente a los que viven en zonas rurales.

Al respecto, Schmelkes del Valle agregó que entre los principales desafíos que se enfrentan está la disminución de los recursos federales que se destinan a la atención de este sector de la población, pues en el caso de los niños jornaleros, detectamos que el presupuesto para atenderlos ha disminuido en lugar de aumentar, a pesar de que estamos incumpliendo un derecho básico. Hay situaciones sumamente graves que deben ser denunciadas, pero sobre todo atendidas.

Además, precisó, se suman otros retos, como la formación de maestros. En muchos estados se piensa que para atenderlos basta con reclutar gente que quiera, independientemente de su formación previa, y que esté dispuesta a hacerlo por una beca de 900 pesos, que además van a recibirla cuatro meses después.

Recordó que en la reforma educativa se incluyó como requisito contar con una licenciatura para ser profesor de educación indígena, pero si bien 22 normales cuentan con una carrera en enseñanza intercultural bilingüe, lamentablemente está coja en la formación lingüística, porque no se han dado recursos para contratar a docentes que enseñen cómo se escriben las lenguas, y tenemos un círculo vicioso que se debe romper de alguna forma.

Shantal Meseguer Galván, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, destacó que las condiciones de violencia también afectan la formación inicial de los maestros.

La inseguridad ha hecho que los estudiantes de la normal cada vez se alejen menos de la escuela, por lo que no están realizando sus prácticas profesionales en zonas rurales. Es decir, se están formando en la ciudad para ir a escuelas urbanas. Desconocen el ámbito rural e indígena, lo que en el caso de Veracruz, es una ausencia que tendrá un impacto importante.

Por su parte, Guadalupe Mendoza Zuany, especialista del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, afirmó que al agrupar a los niños indígenas y jornaleros agrícolas migrantes como grupos vulnerables también hay un proceso de invisilización que borra las especificidades que demanda su formación educativa, porque el discurso oficial de la inclusión no está dotando de un contenido que permita fortalecer una enseñanza más pertinente.

Consideró que las condiciones para garantizar la verdadera inclusión de los 7.3 millones de niños y adolescentes indígenas “no están dadas ni se están construyendo.

No se han tomado en cuenta las directrices emitidas por el INEE en la redefiniciones de las políticas públicas del sector, que a escala nacional están marcando un nuevo rumbo.