Caracas.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este martes un decreto para tomar control de los poderes públicos de Venezuela, horas después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a Caracas de emplear de forma sistemática la violencia contra los manifestantes en las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que comenzaron en abril y han provocado 125 muertos.

Maduro, al intervenir en una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), celebrada en esta capital, convocó a un diálogo regional que incluya a México, Colombia, Argentina y Chile, entre otros, al tiempo que en Lima, una docena de cancilleres expresaron su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela y anticiparon que desconocerán cualquier medida que adopte la Constituyente. Entre los asistentes está el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

La ANC celebró este martes su tercera sesión, mientras fuerzas de seguridad impidieron el acceso al recinto a los diputados opositores de la Asamblea Nacional.

Los constituyentes, elegidos con más de 8 millones de votos el pasado 30 de julio, aprobaron un decreto que subordina los poderes públicos del país a las decisiones de la ANC. Este es un decreto que refleja la buena voluntad de esta Asamblea, que tiene un mensaje muy claro de cordialidad, de convivencia y de entendimiento entre los venezolanos, dijo la presidenta de esa instancia, Delcy Rodríguez.

Aristóbulo Istúriz, primer vicepresidente de la ANC, aseguró que se definieron un conjunto de normas basadas en el artículo 349 de la Constitución, que establece que los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Constituyente.

Se aprobaron legalmente unas normas que, de ser incumplidas, simplemente aplicaremos la ley, subrayó Istúriz, y explicó: nosotros podemos reformar y limitar las funciones de los poderes públicos, es decir, hay una serie de medidas que establecen las leyes, nosotros no estamos amenazando a nadie, sino que estamos haciendo un esfuerzo para lograr la convivencia.

La Constituyente también aprobó un acuerdo en respaldo a la fuerza armada, luego del ataque al cuartel de Paramacay, en Valencia, estado de Carabobo, el pasado domingo por una veintena de hombres, que dejó dos muertos, un atacante herido y ocho detenidos. La iniciativa fue propuesta por la legisladora Carmen Meléndez, quien fue ministra de Defensa en 2013.

En el pleno fue ovacionado el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, al tiempo que reafirmó el carácter antimperialista y revolucionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que, dijo, no tiene militancia política.

La ANC anunció que investigará la violencia política desde la llegada al poder de Hugo Chávez, en 1999. Se realizarán estas indagaciones en el contexto de la aprobada comisión de la verdad propuesta por Maduro.

Es un instrumento muy poderoso para determinar la verdad, para deslindar responsabilidades políticas y morales de aquellos que, amparados en poderes imperiales y en poderes fácticos, se han dedicado desde 1999 a subvertir el estado de derecho, dijo Delcy Rodríguez.

Más temprano, fuerzas de seguridad impidieron ingresar al recinto a 10 diputados de la oposición y la noche del lunes, con un grupo de nuevos asambleístas, tomaron el salón protocolar donde deliberaron este martes, denunció la Asamblea Nacional, que debate en el hemiciclo y sesionará este miércoles.

No nos dejan pasar al Palacio Federal Legislativo. Este gobierno invade los espacios que ya no es capaz de ganar legítimamente, tuiteó el diputado opositor Stalin González.

En este contexto, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein, denunció el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes e incluso torturas.

Naciones Unidas dirigió un urgente llamado a Caracas para que adopte medidas tendientes a rebajar la escala de violencia en el país. El equipo de expertos del organismo estuvo en Venezuela desde principios de junio hasta finales de julio, pese a que oficialmente le fue negada la solicitud de investigar la situación en el país. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar preocupado de que Venezuela se esté distanciando de la paz.

Tres días después de que el Mercado Común del Sur suspendió a Caracas indefinidamente con el argumento de una ruptura del orden democrático, más de una decena de cancilleres y representantes de países del hemisferio suscribieron en Lima una declaración de 16 puntos en la que manifestaron su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza en Venezuela y a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, lo que incluye la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional.

Al margen del texto, el canciller peruano, Ricardo Luna, dijo que el grupo está abierto a apoyar un diálogo creíble y de buena fe con Maduro. Precisó que los 17 países reunidos este martes y los que se quieran sumar quedan constituidos en un grupo de observación cuya próxima reunión se hará en septiembre, en el contexto de la Asamblea de la ONU.

El canciller de México, Luis Videgaray, resaltó en un encuentro con la prensa posterior a la lectura de la declaración, que dos puntos sustanciales son el desconocimiento de la Asamblea Constituyente y la decisión de aceptar sólo lo aprobado por la Asamblea Nacional.

En la reunión convocada por Perú, participaron los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, así como el vicecanciller de Canadá, el representante de Granada ante la Organización de los Estados Americanos y el embajador de Uruguay en Lima.

Aunque la Declaración de Lima fue suscrita sólo por 12 países, Luna aclaró que representa el sentimiento de los 17.

En respuesta, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó el encuentro y dijo que era una conjura de grupos de países, a los que identificó como mini OEAS, para darle el piso político al imperialismo estadunidense para seguir agrediendo a Venezuela.

En este contexto, el Tribunal Supremo de Justicia condenó a 15 meses de cárcel al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, del opositor Partido Primero Justicia, y el Consejo Nacional Electoral dispuso que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no podrá presentar candidatos para los comicios de diciembre en siete estados del país, dado que se se investigan denuncias por irregularidades en la recolección de firmas para el registro de sus candidatos.