Debido a que diversos estados han incumplido con ajustar sus leyes y otras bases del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana del mismo (CPC) interpuso dos juicios de amparo para obligarlos a hacerlo a la brevedad.

Los cinco integrantes del CPC indicaron que el primer amparo se presentó ayer ante el juez cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, y el segundo ante el juez decimosexto de distrito en materia administrativa también de la capital, Ricardo Gallardo Vara.

Luis Manuel Pérez de Acha, miembro del CPC, estimó que la primera sentencia se emitirá en seis u ocho meses, pero previó que la sola interposición de los juicios ejercerá fuerte presión sobre diversos estados para que modifiquen sus leyes.

Plantearon que el amparo es una vía institucional para lograr la adecuada implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, debido a que no tienen dientes para recurrir a otras herramientas, como son las acciones de inconstitucionalidad.

La presidenta del comité, Jacqueline Peschard, señaló que sólo Nuevo León cumplió con la armonización de sus leyes, mientras Baja California, Chihuahua y Veracruz ni siquiera modificaron sus constituciones y por ende tampoco sus legislaciones.

La Ciudad de México y Tlaxcala también han sido omisos en decretar sus respectivas leyes.

Entre los aspectos más graves que buscan frenar con el primer amparo se encuentra que 21 estados no han destinado presupuesto al funcionamiento de sus órganos anticorrupción y Yucatán es el peor caso, porque ni siquiera contempló la asignación de dichos recursos en un artículo transitorio.

Además la presencia ciudadana se diluyó en varios comités coordinadores al conformarse por más de siete miembros (uno de ellos es ciudadano), lo que ocurrió en la Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y estado de México.

Otro problema consiste en que los sistemas locales de fiscalización de ocho estados, entre ellos Chiapas, Durango y Jalisco, omitieron regular cómo se enlazarán con el sistema nacional respectivo.

Con el segundo amparo buscan que el Poder Judicial defina que sólo el Congreso de la Unión es el único competente para legislar en materia de responsabilidades administrativas. Esto, porque 20 estados mantienen vigentes sus leyes de responsabilidad administrativa y 10 emitieron nuevas.