a estrategia original planteada por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, indicaba que el gobierno peñanietista captaría inversiones privadas multimillonarias por la apertura de los sectores petrolero y eléctrico, toda vez que el Estado mexicano no tenía recursos propios para enfrentar las necesidades de crecimiento y desa-rrollo en ambas áreas productivas.

Una catarata de billetes frescos para México, provenientes de inversionistas nacionales y foráneos, según prometió, pero a la vuelta de tres años, y ya –se supone– con la citada reforma en plena operación, el resultado parece ser diametralmente opuesto al planteado por el político priísta. Ello, porque resulta que es el gobierno mexicano –con dinero de los mexicanos– quien ha estado financiado los proyectos energéticos otorgados a particulares, y no al revés, o lo que es lo mismo, aquella catarata ha salido, y saldrá, de las arcas nacionales y no de los inversionistas privados.

Pedro Joaquín Coldwell lo detalló así: “La Secretaría de Energía (Sener) formalizó los dos contratos mediante los cuales la banca de desarrollo del país financiará dos proyectos energéticos ganadores de la segunda subasta eléctrica, por un monto de 570 millones de dólares. Durante el acto, el funcionario dijo que al cierre de 2016 el monto que la banca de desarrollo ha canalizado al desarrollo de proyectos energéticos asciende a 48 mil millones de pesos, cifra récord en la historia del país (La Jornada, Juan Carlos Miranda).

El ex gobernador de Quintana Roo explicó que los recursos canalizados por conducto del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) serán para los parques eólicos Reynosa III y El Mezquite, adjudicados a las empresas Zuma Energía y Cubico, respectivamente. A estos proyectos se sumarán otros que actualmente son realizados por dichas instituciones de crédito y que la banca de desarrollo también ha apoyado.

Al tipo de cambio actual esos 48 mil millones de pesos equivalen a cerca de 2 mil 670 millones de dólares, un monto nada despreciable y, sobre todo, muy alejado a la supuesta realidad que tres años atrás advertía el titular de la Sener (el Estado mexicano no tiene recursos propios para enfrentar las necesidades de crecimiento y desarrollo en ambas áreas productivas).

A lo anterior se suma el hecho de que las tres instituciones de la banca de desarrollo (propiedad del Estado mexicano) fueron creadas con objetivos finales muy distintos a los actualmente promovidos por el gobierno peñanietista: Bancomext, fundado 80 años atrás, oficialmente debe destinar sus habilidades, capacidades y recursos a promover y financiar la actividad exportadora mexicana, y no a destinar sus dineros –que son del erario– a financiar negocios energéticos privados (algo que, por lo demás, harían –según promesa oficial– los nuevos inversionistas atraídos por la reforma y la apertura). En su ley orgánica se estipula: como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto financiar el comercio exterior del país, así como participar en la promoción de dicha actividad. En ninguna parte se dice que financiará a empresas privadas que quieran clavarle el colmillo al sector energético otrora nacional.

Cierto es que lo anterior no es novedad, porque, sólo como ejemplo, en la sacudida de 2008-2009 (la crisis del catarrito) Bancomext rescató a varios de los consorcios gigantescos que operan en el país, luego de sus fallidas aventuras en el mercado de derivados y/o de la quiebra inducida de aerolíneas, como Mexicana de Aviación (por cierto a Gastón Azcárraga, ex dueño de esta empresa reprivatizada por Vicente Fox, la justicia mexicana le hace lo que el viento a Juárez: siete años prófugo en Nueva York, y sigue tan impúdicamente campante).

Nafin, fundada 83 años atrás, nació con la finalidad de ser el agente financiero del gobierno mexicano, promotora del ahorro interno e impulsora del crecimiento y desarrollo de la naciente industria mexicana. En su ley orgánica queda claro que tendrá por objeto promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y, en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, con énfasis en la pequeña y mediana empresa. Eso y mucho más, pero no financiar proyectos privados en el sector energético que, se supone, invertirían sus propios capitales para darle forma a la catarata de recursos que captaría el país por la citada reforma.

Y Banobras nació 84 años atrás con el propósito de, como lo dice su nombre, financiar obras y servicios públicos, de tal suerte que debería aportar recursos y otorgar créditos para la construcción de mercados públicos, vialidades y conexos, pero no a financiar los negocios privados en el sector energético. En su ley orgánica se indica que “coadyuvará al fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre en los términos del artículo 115 constitucional para lograr el desarrollo equilibrado del país y la descentralización de la vida nacional (…), así como impulsar la inversión y el financiamiento privado en infraestructura y servicios públicos” (ojo: los proyectos privados, en el sector energético o en otro, no son servicios públicos). Por si fuera poco, también debe generar la infraestructura productiva necesaria para impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas.

Todo indica que los consorcios privados Zuma Energía y Cubico (parque eólicos Reynosa III y El Mezquite, respectivamente) no son precisamente empresas indígenas que deben ser beneficiarias de los recursos del citado banco de desarrollo. Pero en este sentido, Pedro Joaquín Coldwell presumió que otro proyecto, el parque Eólico del Sur, contó con el financiamiento de Banobras por 8 mil 400 millones de pesos a 20 años, es decir, el gobierno mexicano financia la privatización energética para dar la idea de que la reforma respectiva ha sido un rotundo éxito y que la catarata de recursos frescos fluye permanente y maravillosamente, porque los inversionistas privados confían en el gobierno de EPN.

Las rebanadas del pastel

Qué bueno que sería temporal: en julio la inflación anualizada llegó a 6.44 por ciento, su nivel más elevado en ocho años, 2.4 veces más que en igual lapso de 2016. Y el precio del jitomate (Meade dixit) no fue precisamente el responsable del alza.

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