Campeche, Camp.

Con el argumento de que quiere mantenerse en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) modificó sus estatutos para permitir que un ‘‘ciudadano simpatizante’’ pueda ser su candidato presidencial, pero al mismo tiempo retiró el candado que obligaba a sus militantes demostrar 10 años de carrera partidista si quieren competir por ese mismo cargo.

Retirar ese requisito busca, explicaron dirigentes, poner ‘‘piso parejo’’ en la competencia para el candidato presidencial y que cuando el Consejo Político Nacional defina el método de selección todos los aspirantes participen en igualdad.

A lo largo de una sesión de casi 12 horas, el tricolor también mantuvo la posición de que sea el Consejo Político Nacional el que defina el método de elección del candidato, y amplió las atribuciones de la Comisión Política Permanente –que deberá aprobar la participación de los ‘‘ciudadanos’’ en la contienda por Los Pinos–, órgano que dejará de estar a cargo del presidente Enrique Peña Nieto y ahora será conducido por el dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza.

Si en el discurso en público los priístas defendieron que la apertura a ‘‘ciudadanos, a nuevos rostros’’, no tiene dedicatoria, en corto, en los pasillos del Centro de Convenciones de esta ciudad, reconocían que el destinatario es José Antonio Meade, secretario de Hacienda.

Más aún, quienes defendieron ante la mesa de Estatutos la figura de ‘‘candidatos ciudadanos simpatizantes’’ fueron sus colaboradores en la Secretaría de Desarrollo Social: su ex asesor especial José Ramón Martel; el delegado de esa dependencia en Morelos, Jorge Meade Ocaranza, y el ex delegado en Oaxaca Heliodoro Díaz Escárraga.

Martel fue el encargado de proponer la adición al nuevo artículo 181 de los estatutos. Dijo: ‘‘Aquí, esta mañana se expresó, y lo comparto, que sin la militancia no podríamos ganar. Pero es momento de enviar un mensaje claro, de inclusión, para poder decirle a la ciudadanía que seguimos siendo un vehículo para que pueda acceder al poder político’’.

La nueva redacción, que será ratificada el sábado por la Asamblea Nacional, define que el ‘‘ciudadano simpatizante’’ deberá participar en el proceso interno seleccionado por el Consejo Político Nacional –entre noviembre y diciembre– y asumir la Declaración de Principios y el Programa de Acción, así como demostrar prestigio, fama pública y que, según encuestas, tengan aceptación popular y más reconocimiento que un militante. Es, insistió Martel, ‘‘una alternativa para lograr ser gobierno’’.

Ulises Ruiz Ortiz, ex gobernador de Oaxaca –señalado de la represión de 2006 contra el magisterio–, exclamó: ‘‘¡La militancia está hasta la madre de las imposiciones! De que no se respete y ahora quieren quitar los requisitos. ¿Abrir el partido a quién?, si tenemos militantes que pueden representarnos en la candidatura presidencial’’.

Citó a Luis Donaldo Colosio y enseguida a Manlio Fabio Beltrones, ex presidente del PRI, para expresar que el partido no puede repetir la práctica de que los primeros sorprendidos de su simpatía o militancia priísta son los candidatos y que el tricolor no puede ser un taxi para llevar a Los Pinos ‘‘a cualquiera sin compromiso’’.

Díaz Escárraga, quien fue secretario de Gobierno con Ruiz Ortiz, replicó que el partido no puede imponerse ‘‘camisas de fuerza, prejuicios, ideas trasnochadas. ¡Esta asamblea no tiene dedicatorias!’’

A lo largo del día, la mesa de Estatutos autorizó imponer a sus candidatos el requisito de presentar su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, conocida como tres de tres, así como ‘‘llamar a cuentas’’ a los funcionarios emanados del partido durante el ejercicio de sus funciones.

Y en una votación que no gustó a un buen sector de los delegados, prohibió que senadores y diputados de representación proporcional puedan tener un cargo de elección popular por esa misma vía. Si quieren ir nuevamente al Congreso tendrán que ir a pedir el voto a las calles, se dijo.

Al final de la jornada de trabajo se desechó la intención de Ivonne Ortega para que la mesa obligara al Consejo Político Nacional a definir desde ahora el método de elección del candidato presidencial. Ulises Ruiz dijo que en 2000 el PRI se dividió porque Ernesto Zedillo se decidió por Labastida, pero los priístas recordaron a Mariano Palacios Alcocer: cualquier método, decía, es perfectamente viable e igualmente democrático.