res peritos independientes en ingeniería civil señalaron ayer, en un análisis preliminar de las causas que llevaron al hundimiento, el pasado 12 de julio, de un tramo de carpeta asfáltica en el Paso Exprés de Cuernavaca –inaugurado apenas en abril– y a la muerte de dos personas, que el desastre se originó por la falta de remplazo del desagüe de una vieja alcantarilla que habría debido ser cambiado cuando se realizó la obra.

A reserva de realizar un peritaje más profundo que tomaría tres meses, uno de los expertos, Humberto Marengo Magallón, afirmó que es a la empresa SAC ( Sistemas Avanzados en Computación), coordinadora del proyecto, a la que le correspondía la decisión de cambiar o reparar la alcantarilla defectuosa, aunque no vaciló en señalar que hubo varios responsables, toda vez que que lo ocurrido en el Paso Exprés es resultado de una cadena de falta de supervisión y malas decisiones, y advirtió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe hacer un examen de conciencia y cambiar todos sus procesos de supervisión y realización de proyectos.

En una singular reacción a la divulgación del peritaje, la SCT afirmó –por conducto de un director general, y en ausencia de su titular, Gerardo Ruiz Esparza, y del subsecretario de Infraestructura, Óscar Callejo– que aún no han concluido las investigaciones para establecer las responsabilidades de lo ocurrido, las cuales se desarrollan en coordinación con la Secretaría de la Función Pública.

Es pertinente, a la luz de la presentación de ayer, revisar la información publicada en estas páginas el pasado sábado 5 de agosto que reseña las inverosímiles explicaciones de la SCT para justificar el incremento en el pago a las constructoras del Paso Exprés Aldesem y Epccor (de mil 45 a mil 769 millones de pesos) argumentando la problemática social, interferencias en la construcción originadas por la modificación de las condiciones ambientales y hasta el supuesto retraso en la autorización de los permisos ambientales por parte de autoridades municipales. Tales pretextos resultan particularmente exasperantes si se recuerda el enorme descuido con que se ejecutó la obra, y que se tradujo en afectaciones a viviendas y en un pronunciado incremento en el número de accidentes mortales debido a la falta de señalizaciones y de pasos provisionales adecuados en el tiempo que duró la construcción.

Un día después, en su edición del domingo 6, La Jornada dio cuenta del historial de fallas de la empresa Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, SA de CV (Dictec), que recibió 49 millones 800 mil pesos por concepto de supervisión de obras realizada por terceros para los trabajos de ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés), y que tiene entre sus responsabilidades, a tenor del contrato correspondiente, el responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a la SCT o a terceros.

Así, a casi un mes del accidente en el Paso Exprés, y en ausencia de una explicación consistente por parte de la autoridad, el informe de los expertos independientes consolida la impresión general de que esa obra de libramiento de la capital morelense fue realizada en forma poco escrupulosa, opaca, descuidada y con un agraviante desprecio a la seguridad de los usuarios.

No se puede concluir otra cosa de la cadena de fallos que involucra a las empresas contratistas, a la que coordinó la ejecución de la obra y a los funcionarios que no realizaron un mínimo ejercicio de supervisión. Se omitió, pues, un trabajo insignificante en el contexto de un proyecto que terminó costando al erario más de dos 2 millones de pesos. Son reveladoras, al respecto, las palabras del perito Marengo Magallón al presentar el informe: si se hubiera cambiado el tubo de la alcantarilla no estaríamos sentados aquí. En efecto, esa omisión imperdonable costó la vida a dos personas, desgarró a una familia y se tradujo en una afectación monumental a la cotidianidad de los vecinos de Cuernavaca y a los usuarios de la autopista México-Acapulco. La falta de una reacción gubernamental enérgica, clara e inequívoca al desempeño desastroso de la SCT y de los contratistas incrementa día a día el descrédito institucional y la desconfianza de la sociedad en las autoridades.