Especialistas en diversas áreas señalaron que es irresponsable culpar al sistema penal acusatorio de las fallas en la estructura de justicia. Éstas, agregaron, son producto de la corrupción, la impunidad y la inseguridad.

Durante el foro ¿Qué debemos hacer con el sistema de justicia penal?, organizado por el Observatorio Ciudadano de la Justicia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), los expertos consideraron que hay que dar tiempo al nuevo esquema acusatorio, y descartaron que la opción sea regresar al sistema inquisidor.

Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, aseveró que la corrupción es el principal obstáculo para la justicia en México. Destacó que el Banco Mundial ha dicho que la corrupción cuesta a México 9 por ciento de su producto interno bruto. Sin embargo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado ha señalado que la cifra es de 20 por ciento.

En una medición internacional que evaluó a 175 países, el nuestro apareció en el lugar 105, dijo, y es el más corrupto de los 34 que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Las llamadas mordidas, lamentó, en 2015 representaron 200 millones de actos de corrupción en México y significaron 32 mil millones de pesos. Agregó que las familias con ingresos menores a 10 salarios mínimos gastan alrededor de 30 por ciento de su ingreso mensual en bienes y servicios que el Estado debería garantizar, y que sólo pueden obtener mediante mordidas.

Lamentó que en muchas escuelas de derecho haya una formación mediocre de los profesionales que sostendrán el sistema de justicia, sobre todo porque recientemente han proliferado colegios de bajos niveles académicos en esta disciplina.

Los organizadores del foro habían anunciado la participación como primer ponente del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien no acudió a la cita.

Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sostuvo que una de las obligaciones de las autoridades locales y federal es brindar acompañamiento a todas las víctimas dentro de los sistemas de justicia penal acusatoria.

Sin embargo, alertó, existe un déficit de 3 mil 333 asesores jurídicos, pues tanto en el orden federal como estatal se requieren al menos 4 mil 13 de estos especialistas y apenas se cuenta con 680, de los cuales, 612 cuentan con el nombramiento formal de asesor de víctimas.

Luis García, funcionario de la Secretaría de la Función Pública, aseveró que una de las políticas prioritarias del gobierno de la República es la cultura de la legalidad, de ahí que durante esta administración se haya apostado por la creación del Sistema Nacional de Transparencia, que está en proceso, pero deberá evolucionar hacia una mejor función pública.