Guerrero es uno de los estados con mayores índices de violencia e impunidad, y uno de los capítulos recientes que mejor lo demuestra es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como diversas agresiones sufridas por luchadores sociales, periodistas y habitantes de comunidades que luchan contra la imposición de megaproyectos.

Así lo indica el informe Guerrero: mar de luchas, montaña de ilusiones, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que será presentado hoy en la ciudad de Tlapa y en el cual se detalla cuáles son algunos de los fenómenos más preocupantes ocurridos en la entidad sureña entre junio de 2016 y julio de 2017.

El documento, de más de 500 páginas y dividido en 13 capítulos, subraya en primer lugar que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continúa siendo un agravio no solucionado, en el cual el gobierno se aferra a la hipótesis de que los jóvenes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, pese a que diversos estudios científicos descartan esta posibilidad.

La resistencia a explorar otras líneas de investigación –como lo sugirió el Grupo de Expertos enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, la obstrucción permanente a la justicia e incluso el espionaje a los padres de las víctimas deja ver la existencia de un pacto siniestro de impunidad, trazado burdamente entre los altos mandos políticos y militares.

Respecto de la inseguridad en general, el estudio de Tlachinollan indica que Guerrero es la quinta entidad con mayor cantidad de homicidios dolosos cometidos en los primeros cinco meses de este año, con 955, de los cuales 340 ocurrieron en el municipio de Acapulco, 106 en Chilpancingo, 65 en Chilapa, 47 en Zihuatanejo y 39 en Coyuca de Benítez.

De hecho, en mayo pasado, Guerrero fue el estado más violento de México, al registrar 216 asesinatos intencionales, lo que significa un promedio de siete al día.

En otro renglón, el informe consigna que, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2016, Guerrero se ubica en el grupo cuatro de impunidad, considerada muy alta, y tiene una cifra negra de 95.8, superior a la nacional, que es de 92.8.

Estos datos indican que en el estado existe baja cultura de la denuncia y muy alta desconfianza a las instituciones de seguridad y justicia, ya que éstas cuentan con poco personal e infraestructura en el proceso de impartición de justicia.

Un dato revelador, puntualizó el informe, es que la entidad cuenta con 68 elementos en la Fiscalía, por cada 100 mil habitantes, ligeramente por debajo del promedio nacional, que son 76.

En lo que se refiere al desplazamiento forzoso, el estudio señala que éste ha crecido porque las autoridades estatales han dejado cruzar el umbral de la deshumanización de familias que, teniendo su casa, se quedan a esperar la muerte o se ven obligadas a huir como si fueran criminales o si tuvieran que pagar una ofensa causada a la comunidad.

Luego de manifestar que este desplazamiento es súbito e intempestivo, y causa trauma e incertidumbre, los autores del documento consideran que una de las causas de dicho fenómeno es la confrontación de los grupos del crimen organizado para controlar el territorio.

A propósito de los megaproyectos, el informe destaca que el gobierno federal ha otorgado al menos 44 concesiones a empresas mineras nacionales y extranjeras, sobre todo en las regiones de la Montaña y Costa Chica, sin respetar el derecho de los pueblos a una consulta previa, libre e informada, lo cual ha generado múltiples conflictos sociales.