El rezago legislativo y el inicio del año electoral –con miras a los comicios de 2018– se advierten como circunstancias que obstaculizarían la aprobación de los grandes pendientes del Congreso federal: ley de seguridad interior y ley del mando mixto o único policial.

Los grupos parlamentarios con mayor peso en la Cámara de Diputados tienen entre sus prioridades impulsar ambas legislaciones, o rechazarlas por las implicaciones que se observan en materia de defensa de los derechos humanos y de la responsabilidad que tendrían que asumir las entidades federativas en materia policial.

Las reuniones de trabajo de las bancadas se realizarán con el siguiente calendario: el próximo día 21, Morena tiene cita en Toluca, estado de México; el PRD, los días 29 y 30, en un hotel de la Ciudad de México; PRI y PAN desarrollarán sus encuentros los días 30 y 31 del mismo mes en la capital del país, el primero, en un hotel de Polanco, y el segundo, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional.

La iniciativa de ley de seguridad interior, promovida por el PRI mediante su coordinador, César Camacho Quiroz (y en el Senado por el presidente de la mesa directiva de ese órgano legislativo), propone regular la actuación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada.

En cuanto al mando mixto, el Senado de la República aprobó el dictamen –en diciembre de 2016–, y éste permitiría la intervención federal y estatal (de manera temporal en tareas policiacas. La minuta permanece congelada en San Lázaro, porque el PRI la ha calificó de inconsistente. Además de que se trata de negociar para aprobar la ley de seguridad interior.

PAN y PRD han dicho que la minuta debe ser aprobada por los diputados antes que la ley de seguridad interior, pues es condición indispensable para poner en marcha la segunda. El PRI argumenta lo contrario y ambas normas están sin posibilidad de avanzar.

Otro tema rezagado es el del estado de excepción: las comisiones dictaminadoras lo aprobaron, pero el pleno lo rechazó porque se atribuirían facultades inconstitucionales al Ejecutivo federal para decretar su aplicación.

Entre otras propuestas legislativas rezagadas se encuentran la que propone reducir el número de integrantes del Congreso y el presupuesto destinado a los partidos políticos.

La iniciativa prevé reducir el número de diputados plurinominales, y en el caso de los partidos, que reciban recursos de acuerdo con el porcentaje de votación obtenido en el último proceso electoral.

Un caso más sin definición trata de los salarios máximos. En 2009 se aprobó una ley que señala que ningún funcionario habría deberá más que el presidente de la República. Esta norma se viola en forma permanente por las elevadas prestaciones y sueldos de magistrados y ministros del Poder Judicial, del titular del Instituto Nacional Electoral y demás organismos autónomos.