Saltillo, Coah.

Pese a que la elección de gobernador está subjudice (pendiente de resolución judicial) por el rebase de topes de gastos de campaña del candidato ganador, lo que podría derivar en la declaración de nulidad, la polarización se acentúa: el priísmo avanza en el proceso de transición, tras instalar hace unos días la comisión de entrega-recepción entre el gobierno y el equipo del candidato Miguel Ángel Riquelme. Este órgano tiene sólo objetivos mediáticos, sostuvo el Partido Acción Nacional (PAN).

Sería irresponsable no avanzar en la transición gubernamental, sostiene, por su parte, José María Fraustro, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso estatal, presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de los trabajos de la comisión de entrega-recepción, para quien el litigio poselectoral sólo confirmará el triunfo de Riquelme. En la comisión ya se han definido los objetivos para trasladar la oferta de campaña en la construcción del programa estatal de desarrollo.

Y más aún, Riquelme –en entrevista– confirma la ruta y aunque admite su intranquilidad por la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de fiscalización, dice estar confiado en que la autoridad comicial en su conjunto –en alusión al papel de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– finiquitará el asunto a su favor. Por ello, anticipa que la comisión de entrega-recepción sólo es parte de ir tomando las riendas del estado, para que la marcha en aspectos claves como economía y seguridad no se detenga.

Desde el panismo, el coordinador de la diputación, Jesús de León, sostiene que el escenario de la anulación es inminente no sólo por las irregularidades en el gasto de campaña de Riquelme, que ha evidenciado el INE, sino por un conjunto de acciones que cuestionan la legalidad y terminarán por configurar la revocación de los comicios para gobernador. Entre las irregularidades están la intervención del gobierno del estado, injerencia de Fuerza Coahuila en la manipulación de paquetes electorales, las inconsistencias del Programa de Resultados Electorales y del conteo rápido.

Transición incierta

En el ámbito jurídico pesa sobre la elección el juicio de inconformidad promovido por el PAN con 14 imputaciones directas contra la elección y, especialmente, el dictamen de fiscalización del gasto del INE, del que se desprende el rebase de topes de gastos de campaña y a la espera del procedimiento oficioso sobre gastos en la jornada electoral.

El supuesto rebase de gastos es de 559 mil pesos, se asume en el PRI, bajo la premisa de que acreditarán no haber violado la ley, al tiempo que reviran al INE: aplicó reglas de fiscalización que fueron publicadas este 9 de agosto.

Un factor más a la incertidumbre y a la cuenta de inconsistencias de la autoridad electoral, es la capacitación de los funcionarios de casilla.

En el equipo de Riquelme, pese a la complicada fase postelectoral, ya se encaminan al relevo el primero de diciembre. Riquelme señala que ya han conocido las primeras cifras oficiales del rumbo de gobierno y se apresta a participar en el Consejo estatal de Seguridad para asegurar el cambio de manos sin impacto.

En materia económica, Riquelme anuncia que tiene programada una gira a China para atraer inversiones.

De la incertidumbre jurídica, afirma estar tranquilo, porque se tiene acreditado el cumplimiento del gasto de campaña que confirmará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Su programa de transición incluye: asegurar la continuidad de acciones; realizar un estudio en busca de prácticas exitosas de otros gobiernos; identificar dependencias y áreas que pueden ser suprimidas, fusionadas o cambiar su categoría estructural; integrar un reporte por dependencia, que formará parte de los documentos de entrega-recepción, para valoración de los nuevos titulares.

Desde el PAN, la inminencia de la nulidad de la elección transforma en inútiles las pretensiones del PRI de precipitar la transición, un proceso que deberá resolverse una o dos semanas antes del primero de diciembre, por lo que en realidad, el Congreso debería adoptar previsiones para convocar al INE a atraer la elección de gobernador en su totalidad para garantizar su legalidad plena. Jesús de León señala que la Constitución contempla la fórmula para designar, por mayoría calificada al interino, en lo que se efectúa la elección. Para el panista es ineludible la incertidumbre generada por el conflictivo proceso electoral, pero augura que la salida atraviesa por una elección extraordinaria.