Emilio Lozoya Austin debió investigarlo y sancionarlo la autoridad desde el momento mismo en que se hizo más que notorio y creciente el desastre financiero, productivo y ético que desde la dirección general a su cargo provocó y promovió en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Pero en los cuatro años que duró en el puesto (4 de diciembre de 2012 a 8 de febrero de 2016) nadie movió un dedo ya no se diga para detener, sino, cuando menos, atenuar el daño progresivo que este personaje (integrante del círculo íntimo de la dupla Peña Nieto-Videgaray y, consecuentemente, protegido por el manto del poder) causó a la primera empresa del país, Pemex.

Finalmente, el 8 de febrero de 2016, Emilio Lozoya dejó la dirección general de Pemex, pero no como resultado del desbarajuste provocado en la ahora empresa productiva del Estado o por la aparición de reveladoras grabaciones que lo asociaban con otros cochineros –como el de OHL o Alonso Ancira y los fertilizantes–, sino por las eficientes intrigas palaciegas promovidas por el ahora aprendiz de canciller. Con todo, Peña lo despidió del puesto con un agradecimiento por su entrega, profesionalismo y compromiso al servicio del país (¡¡¡!!!).

A partir de entonces el nombre de Emilio Lozoya Austin apareció vinculado –entre otros negocios oscuros– con los abundantes cuan generosos sobornos pagados por la trasnacional brasileña Odebrecht (a cambio de jugosos contratos gubernamentales) en una decena de países latinoamericanos.

Entre ellos destaca México, es decir, el único país en que su autoridad judicial no movió un solo dedo para esclarecer el caso, mientras en Perú, Ecuador y Colombia, cuando menos, ex presidentes, ex funcionarios presidente y presidentes en funciones no sólo fueron citados a comparecer, sino vinculados a proceso penal, que en algunos casos terminaron en la cárcel.

Ahí está el caso de Perú, cuya fiscalía “identificó el pago de sobornos por casi 8 millones de dólares que realizó Odebrecht a funcionarios del segundo gobierno de Alan García (2006-2011), publicó este martes el diario local El Comercio. Según documentos que recibió de un banco de Andorra, país donde los ex funcionarios tenían cuentas offshore, el ex viceministro de Transporte Jorge Cuba –actualmente preso– fue el principal beneficiado, pues aceptó más de 6 millones de dólares de Odebrecht a cambio de entregarle la licitación para la construcción de dos tramos de la línea uno del metro de Lima.

También aparecen dos ex funcionarios de rango medio del Ministerio de Transporte que cumplen prisión provisional por 18 meses, Edwin Luyo y Miguel Navarro, y de la ex presidenta del Comité de Licitación del segundo tramo, Mariella Huerta, prófuga desde febrero. Cuando la fiscalía presentó las acusaciones contra los ex funcionarios sólo había identificado transferencias por 2.5 millones de dólares ( La Jornada).

Y el de Colombia, en donde la fiscalía general afirmó en una carta al Consejo Nacional Electoral que tiene elementos y documentos que le permiten concluir certeramente que Odebrecht asumió costos en las campañas presidenciales del ahora mandatario Juan Manuel Santos y el entonces candidato Óscar Iván Zuluaga en 2014 (CNN). De hecho, la justicia colombiana citó a declarar, en calidad de testigo, al presidente Juan Manuel Santos, en el proceso que se le sigue al senador Bernardo Elías, detenido ayer jueves acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña ( La Jornada).

Uno más: Ecuador, en donde la constructora brasileña pagó sobornos por más de 33.5 millones de dólares para conseguir contratos de obra pública, según denuncia del fiscal general Carlo Baca, quien advirtió que la red de corrupción elaborada por Odebrecht tiene grandes connotaciones económicas para el país. Hay cientos de millones de dólares que podrían estar comprometidos. Es un tema en que tenemos que actuar con absoluta responsabilidad como ciudadanos y como funcionarios.

Eso sí, en Argentina y Brasil los corruptos gobiernos de Temer y Macri han hecho hasta lo imposible por obstruir las pesquisas de sus respectivas fiscalías en contra de Odebrecht y los beneficiarios de sus enjuagues, que fácilmente estarían relacionados con sus respectivos círculos íntimos.

En fin, las fiscalías movidísimas en prácticamente todos los países… menos en México. Desde que surgieron los primeros indicios del caso Odebrecht y la presunta asociación con Emilio Lozoya, la Procuraduría General de la República (PGR) miró a otro lado y fingió demencia, aduciendo que no podía basarse en supuestos y mucho menos en periodicazos, con todo y que delitos como el que ahora se adjudica al ex director general de Pemex se siguen de oficio, por tratarse de daños contra la nación.

Al caso de Lozoya Austin se le puso fechas y montos, y la PGR tan campante. Se destapó con nombres, apellidos y cuentas bancarias, y se añadió la posibilidad de que Odebrecht participó activamente como una de las fuentes de financiamiento –vía el ex director de Pemex– de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Pero nada. De la procuraduría, ni sus luces, porque, según ella, nadie denunció nada y la fiscalía brasileña le debía documentación.

El pasado domingo, tras la publicación de O Globo sobre los 10 millones de dólares que habría recibido Emilio Lozoya, la PGR aseguró que la fiscalía brasileña no ha ofrecido una nueva fecha a México para la entrega de la información correspondiente. El caso se está desahogando ante el Tribunal Superior de Brasil.

Pues bien, ayer “integrantes de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y revelaron que desde el pasado mes de abril el gobierno de Brasil notificó al procurador Raúl Cervantes Andrade que Lozoya había recibido sobornos por parte de Odebrecht.

Los legisladores poseen copia de una carta enviada a las autoridades mexicanas, en la que la procuraduría brasileña informó a Raúl Cervantes de la existencia de datos que refieren que Lozoya recibió un primer soborno de Odebrecht por 5 millones de dólares. A nosotros nos la dan a conocer este mes de agosto, y hoy sabemos que son 10 millones, hasta ahorita.

Las rebanadas del pastel

En síntesis, Emilio Lozoya Austin está en la picota, pero su mejor defensa (y de los demás nuevos priístas) no es Javier Coello Trejo, sino la Procuraduría General de la República y de quien depende.

Twitter: @cafevega

D.R. cfvmexico_sa@hotmail.com