La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que impide a los aspirantes presidenciales anunciarse en medios de comunicación a partir del 8 de septiembre, cuando inicia el proceso electoral de 2018.

A unas horas de vencer el plazo para rebatir dicho lineamiento, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, dijo que hasta la tarde de ayer se habían presentado 105 impugnaciones provenientes de distintos actores, desde legisladores federales y locales, hasta presidentes municipales, partidos políticos, medios de comunicación y las consejerías jurídicas de dos estados –uno de ellos es el de México–, y de la Presidencia de la República.

Al participar en el Seminario Integridad Electoral en América Latina, Córdova reconoció que este y otros acuerdos no han gustado, porque afectan intereses. No obstante, el órgano electoral hace y seguirá haciendo su trabajo bajo la premisa de que todas sus decisiones son impugnables y eso es un ventaja de diseño que vale la pena enfatizar, subrayó.

En el seminario realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, expuso que el INE está listo para dar inicio al proceso electoral presidencial en 23 días y ello significa tomar decisiones que en ocasiones afectan intereses. No podría ser de otra manera. Es el rol inevitablemente de la autoridad electoral, cuando tiene que vigilar el cumplimiento de las normas y sancionar la violación de las mismas por parte de los actores, abundó.

Al hablar sobre las enseñanzas que han dejado los comicios de los pasados tres años tras la reforma electoral de 2014, Córdova se refirió a la polémica generada por la distribución de tarjetas a partir de las cuales se promete prebendas, programas sociales o un beneficio, en caso de que el oferente gane la elección.

Resaltó que el consejo general del INE decidió no permitir el reparto de las mismas para el próximo año y está por reglamentar tal acuerdo.

El presidente consejero también señaló que otro tema controversial ha sido el uso de los programas sociales, por lo que se ha decidido emitir reglas para evitar la tentación de utilizarlos con fines electorales antes de que el proceso inicie, a fin de que la sociedad civil, los medios de comunicación o las universidades puedan auditar el ciclo presupuestario de estos en los próximo meses.