El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) buscará recuperar 660 millones de pesos como reparación del daño sufrido por prácticas monopólicas absolutas en que incurrieron cuatro laboratorios que vendían al organismo insulina humana, soluciones electrolíticas y sueros. Lo anterior luego de que en abril de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la sanción que fijó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre el tema.

Ayer, el director del Seguro Social, Mikel Arriola, comentó que, tras un largo proceso para lograr que el juez aceptara la competencia en la demanda del IMSS, logró que se congelaran los bienes de las firmas involucradas, a fin de garantizar el pago que solicita el organismo. Explicó que el caso se lleva en un tribunal especializado en competencia y que la determinación inicial es un avance para el instituto.

El funcionario comentó sobre este asunto luego del acto en que anunció el inicio de la compra consolidada de medicamentos, vacunas y material de curación 2017-2018. Recordó que es el primer amparo ganado por la Cofece ante la Corte, con el cual se acreditó el perjuicio causado al IMSS por prácticas monopólicas.

La Cofece resolvió el asunto desde 2010 y cinco años después fue ratificado por el máximo tribunal del país. Ahora corresponde al Seguro Social llevar el litigio para obtener la reparación del daño.

La Cofece acreditó que entre 2003 y 2006, las farmacéuticas Baxter, Fresenius, Eli Lilly y Pisa concertaron y coordinaron posturas en licitaciones públicas, con la finalidad de repartirse los contratos, lo cual propició incrementos en los precios de 2.9 a 57.6 por ciento en insulina humana, soluciones electrolíticas y sueros. Estos últimos incluían agua inyectable; cloruro de sodio; cloruro de sodio y glucosa; glucosa y solución Hartmann.

La Cofece determinó que con tales acuerdos entre las empresas se generó un aumento artificial de los precios de los insumos, además de que les favorecieron condiciones de mercado, como la homogeneidad de los bienes licitados, la frecuencia de las convocatorias, la asignación de múltiples contratos, la descentralización de las adquisiciones y el intercambio de información entre los corporativos involucrados.

Cuando la SCJN emitió su sentencia, se estimó que el IMSS pagó sobreprecios equivalentes a 622.7 millones de pesos, con los cuales el organismo habría podido comprar 727 ambulancias o 2 mil 168 incubadoras.