De enero a junio de este año se han registrado más de 270 ataques contra periodistas en México, incluyendo seis asesinatos –entre ellos los de los corresponsales de La Jornada Miroslava Breach y Javier Valdez–, lo que significa un aumento de 23 por ciento en el índice de agresiones con respecto al mismo periodo de 2016.

Así lo advirtió la organización especializada en libertad de expresión Artículo 19 en su Informe Semestral 2017, en el que consignó que la mayoría de los actos de violencia fueron cometidos por servidores públicos –y no por grupos del crimen organizado–, y en particular contra los comunicadores que investigan temas de corrupción y política.

El estudio señaló que en la primera mitad del año se han registrado 276 agresiones contra periodistas en todo el país: seis homicidios, una desaparición, 67 intimidaciones, 60 amenazas (19 de ellas de muerte) y 56 ataques físicos o materiales, lo que arroja un promedio de 1.5 ataques diarios, o uno cada 15.7 horas.

Las entidades donde se registraron más actos de violencia fueron Ciudad de México y Veracruz, con 28 cada una; Coahuila, con 26; Guerrero y Oaxaca, con 23 cada una; Puebla, con 20; el estado de México, con 16, y Baja California con 15.

Un hallazgo destacado del informe de Artículo 19 es el hecho de que 50.7 por ciento de los ataques fueron cometidos por servidores públicos (140 de 276), mientras que 11.5 por ciento (32 episodios) se le atribuyen al crimen organizado, 10.1 por ciento (28) a ciudadanos particulares, y 6.1 por ciento (17) a partidos políticos. En el restante 21.3 por ciento de los casos no se identificó al agresor.

De igual manera, el informe hace notar que los seis periodistas asesinados en el primer semestre del año (Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez) fueron ejecutados con arma de fuego y a plena luz del día.

Lo anterior es un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa, subrayaron los autores del estudio.

Artículo 19 puntualizó que a los seis homicidios ya mencionados se suman otros dos, ocurridos en el segundo semestre de 2017: el de Edwin Rivera, el 9 de julio en Acayucan, Veracruz, y el de Luciano Rivera, el 31 de julio en Playas de Rosarito, Baja California, por lo que el número total de comunicadores asesinados en lo que va del año es de ocho.

Por otra parte, el informe destacó que las agresiones contra la prensa se agudizan en los periodos previos a las elecciones federales de 2018 y posteriores a las celebradas este año, como lo demuestran los casos de Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua.

En lo que se refiere a los temas que cubren los reporteros atacados, destaca que en 47.8 por ciento de los casos (132), sus investigaciones periodísticas son sobre corrupción y política, mientras que en 29 por ciento (80) son sobre asuntos de seguridad y justicia, en 13.4 por ciento, sobre protesta y movimientos sociales, y en 8.3 por ciento, sobre derechos humanos.

Ante dicho fenómeno, alertó el estudio, la respuesta del gobierno ha sido ineficaz, pues ha creado más leyes y más burocracia partiendo de un diagnóstico equivocado que elude a los propios agentes del Estado como principales perpetradores de la violencia contra la prensa, y soslayando que ya existe un andamiaje institucional para atender esta problemática.