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Recibirán $6 mil 788 millones los institutos políticos y candidatos independientes

Entregará el INE a partidos el monto más alto de la historia

Además recurren a recursos de procedencia desconocida, les reclama el consejero Ciro Murayama

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El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Cordóva Vianello, ayer durante la sesión ordinaria del organismoFoto Carlos Ramos Mamahua
 
Periódico La Jornada
Sábado 19 de agosto de 2017, p. 3

En medio de un ríspido debate entre consejeros y representantes partidistas, el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó entregar a los partidos políticos y candidatos independientes una bolsa de 6 mil 788 millones de pesos en 2018, el monto más alto de la historia.

El consejero Ciro Murayama defendió los fondos limpios dados a los partidos políticos, pero los acusó de cometer actos de corrupción por recurrir además a recursos de procedencia desconocida, que se ocultan en cada proceso electoral.

Los dichos de ese consejero provocaron que en la sesión del Consejo General representantes partidistas reviraran que el instituto debe comprobar esos señalamientos, y le reprocharon que no haya castigado la desviación de recursos de los gobiernos hacia las campañas.

El PRI será el mayor beneficiado, con mil 689.5 millones de pesos; después el PAN, con mil 281.1 millones, y el PRD, con 773.5 millones.

Morena recibirá 649.2 millones de pesos, y su futuro aliado, el PT, contará con 376.7 millones, la cantidad más baja.

Los tres aliados del tricolor también se allegarán elevados fondos públicos: el PVEM, 578.2 millones de pesos; Nueva Alianza, también brazo político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 419.1 millones, y Encuentro Social, 398.3 millones.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reconoció que el monto planteado para 2018 será el más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política.

También, como cada año, partidos y consejeros electorales plantearon que debe abrirse una discusión sobre si es conveniente gastar tantos recursos en la política. Lo hizo Córdova Vianello al proponer que se analice con serenidad y con objetividad entre los actores políticos del país la pertinencia de una racionalidad del propio financiamiento.

Ciro Murayama planteó que lo inaceptable de dedicar 13 mil millones de pesos a los partidos políticos (sumó los recursos del ámbito local) es que éstos acudan a dinero de origen desconocido, como lo ha acreditado el INE en sus recientes informes de fiscalización, donde detectó gasto no reportado.

Varios partidos políticos reviraron a Murayama que debía acreditar su dicho. El perredista Royfid Torres señaló que se hicieron aseveraciones muy fuertes, pero en la fiscalización no estuvieron presentes, y mencionó que en el estado de México intervino el gobierno federal durante un año, pero el INE no dio solución a todo ese dispendio de recursos

El representante del PRI, Alejandro Muñoz, presumió que fue el partido menos multado y más transparente.

Horacio Duarte calificó esas declaraciones de cínicas. “Ahora resulta que el PRI es el partido de la transparencia, de la legalidad. No importa que haya Borges, Graniers, Duartes y Pemexgate. Ahí viene Lozoya”.

Lineamientos para medios

Los consejeros aprobaron también unos lineamientos para que los medios de comunicación cubran con imparcialidad las elecciones de 2018 y sigan otras directrices éticas, pero cuyo cumplimiento no es obligatorio.

Lorena Corona, diputada del PVEM, insistió en solicitar que se borrara lo relacionado con el artículo 256 de la Ley de Telecomunicaciones, dado que su constitucionalidad fue controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

La consejera Pamela San Martín le hizo ver que ese artículo, relacionado con el derecho de las audiencias a que los medios de comunicación distingan información de opinión, sigue vigente, aunque la SCJN defina después su futuro.

El consejero Marco Antonio Baños cedió en parte a las exigencias de la diputada del PVEM y añadió un considerando en el sentido de que el INE tiene conocimiento de dichas controversias constitucionales.