La defensa de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, señaló que se solidariza con los motivos que lo impulsaron a iniciar una huelga de hambre en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México; sin embargo, expuso que de ninguna manera está de acuerdo con el hecho de que ponga en riesgo su estado de salud.

Aseguró que Javier Duarte de Ochoa cuenta con todo el apoyo de su defensa. Estamos llegando a momentos que pondrán al descubierto conductas ilegales de algunos de los artífices de esta cacería política.

Marco Antonio del Toro, quien encabeza la defensa de Duarte de Ochoa, comentó que “resulta inadmisible que se acuse sin sustento como consecuencia de una investigación ilegal de quien ahora ocupa el cargo de gobernador (Miguel Ángel Yunes). Dicha persona olvida que en Veracruz la Fiscalía es autónoma, de conformidad con la Constitución del estado.

“Sin embargo, es constante que asuma posturas públicas que denotan el control que tiene y ejerce respecto del fiscal general, lo que evidencia la falta de independencia de la institución, mediante manifestaciones públicas que han enturbiado las investigaciones, siendo este un asunto de vendettas políticas que no resiste, como se verá, la estricta aplicación del derecho”, indicó.

Asimismo, apuntó que en este caso “ninguna de todas las personas que han imputado y detenido ha enfrentado su asunto en libertad provisional o cualquier otra medida de menor impacto. En Veracruz, cuando menos en este caso, nadie obtiene una medida cautelar distinta de la prisión preventiva, a pesar de que no se imputan delitos de prisión preventiva oficiosa.

En el nuevo sistema la prisión preventiva es una excepción; en Veracruz, bajo el gobierno de Miguel Ángel Yunes, se ha hecho regla la prisión preventiva de toda persona imputada y que haya tenido la más mínima relación con su enemigo político. Se ha hecho regla también que surjan testigos que declaran después de presiones enmarcadas en la ilegalidad.

Los coacusados de Duarte de Ochoa han sido detenidos y señalados por la comisión de delitos como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por haber formado presuntamente una red de funcionarios que desviaron recursos del erario veracruzano durante la gestión del ex gobernador.

El abogado comentó que ningún mexicano debe ser acusado penalmente por delitos que suenen sensacionalistas, pero que no tienen eco en pruebas y sustento jurídico. Ningún mexicano merece que se ataque a su familia cobardemente y sin evidencias.