Desde hace más de tres años, la migrante peruana Taylín Narda Clotet Wang permanece en la cárcel injustamente, luego de que agentes de la Policía Federal (PF) irrumpieron en su casa y la sometieron con tortura y humillaciones sexuales para obligarla a declararse culpable de secuestro.

Luis Tapia, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), explicó en entrevista con La Jornada que la noche del 7 de febrero de 2014 un comando de la PF ingresó con lujo de violencia a la casa de la víctima, quien se encontraba dormida y en compañía de su pareja y sus tres hijos.

Ahí, los uniformados la obligaron a permanecer desnuda –lo que se considera un acto de tortura sexual– y la agredieron de forma brutal, todo ello frente a su familia. Aunque la mujer advirtió a los policías que tenía tres meses de embarazo, la siguieron golpeando, lo cual a la postre hizo que perdiera al bebé.

Luego de sacarla de su casa, los agentes la trasladaron a un centro de detención irregular y después a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde la tortura continuó para obligarla a declarar que formaba parte de una banda de secuestradores, junto con su esposo y tres personas más.

Un elemento irregular para mantener a la mujer en prisión –además de las acusaciones de los otros procesados, también obtenidas bajo tortura– fue el testimonio de una víctima de plagio, a quien pusieron a escuchar la voz de Clotet para ver si la reconocía, detalló el abogado.

Sin embargo, dicha prueba consistió en hacer hablar a la víctima en medio de un conjunto de voces exclusivamente masculinas, lo cual puede sesgar la percepción de quien se somete a esa prueba de reconocimiento.

Tapia señaló que hay un certificado médico que comprueba el abundante sangrado de Clotet luego de ser detenida e interrogada, y también un examen del protocolo de Estambul –aplicado por peritos independientes– que determinó la presencia de secuelas de tortura en la mujer, tanto físicas como sicológicas.

Otro hueco en el expediente armado contra Clotet es el hecho de que los policías afirmaron haberla detenido en un lugar distinto a su domicilio, ubicado en un sitio muy distante, cuando incluso los vecinos de ella acudieron a denunciar que los agentes también entraron a sus casas el día de la detención.

El Centro Prodh asesoró a la migrante para interponer un recurso de amparo, el cual fue rechazado en primera instancia, aunque después la organización civil presentó una solicitud de amparo en revisión a principios de 2016, el cual será analizado por el quinto tribunal colegiado en materia penal, con sede en Ciudad de México.

“El colegiado tiene ante sí un caso típico de ‘fabricación’ de culpables y tiene la posibilidad de actuar en congruencia con la Constitución y con diversos tratados internacionales, para ordenar la liberación de Taylín y después reparar el daño”, subrayó Tapia, quien lamentó que muchos jueces siguen sin utilizar todas las herramientas legales en favor de las víctimas de estos actos.