Zacatecas, Zac.

Campesinos de la Mesa de Palmira, municipio de Tlaltenango, denunciaron que Adolfo Bonilla Gómez, titular de la Secretaría del Campo de Zacatecas (Secampo), y José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), impiden la perforación de un pozo de agua para consumo humano y actividades agrícolas, pese a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les otorgó la concesión el año pasado.

Aseguraron que desde enero del presente año, una perforadora del gobierno del estado se encuentra sin usar en esa comunidad y sólo se ha utilizado dos semanas.

Precisaron que la Conagua emitió hace dos meses una moción para suspender la concesión de agua que la misma dependencia les otorgó en 2016, con el argumento de que les faltaba el acta de asamblea de la comunidad indígena en la que se autorice la perforación.

Los agricultores acudieron al Registro Agrario Nacional (RAN) y a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), y obtuvieron constancia de que su comunidad no es considerada indígena.

Presentaron el documento ante un juez y éste les otorgó un amparo federal, por lo que ahora piden apoyo a Presidencia y al gobierno estatal para tener agua potable y resolver el tema con apego a derecho, pues cumplieron con todos los requisitos.

Para tal propósito, explicaron, constituyeron la sociedad de responsabilidad limitada Amigos del Agua de la Mesa de Palmira, y cumplieron con lo estipulado por Conagua y Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) el 11 de agosto de 2016 para obtener un título de concesión para aprovechamiento de aguas subterráneas.

Con este título acudieron a la Secampo el 15 de noviembre de 2016 y firmaron un convenio para el inicio de trabajos de perforación de uno de los dos pozos.

En el convenio, la Secampo pondría el diésel de la perforadora y los beneficiarios el alojamiento y alimentación para dos trabajadores, pero Julián García Reyes, funcionario de la secretaría, les pidió que en lugar de hospedaje y alimentación pagaran mil pesos por cada metro barrenado. Los productores entregaron 50 mil pesos en enero de 2017, pero los trabajos no empezaron.

Dijeron que el 20 de enero pasado llegó la perforadora al predio, pero el equipo tenía inservibles el martillo y la barrena, y había que comprarlos. Pasaron casi cinco meses y el 10 de mayo pasado la Secampo les informó que ya estaban listos.

Comenzaron la perforación y en dos semanas ya se tenían 200 metros de profundidad. Se calculaban hasta 300, pero por un problema técnico se detuvieron los trabajos a fin de evitar que sus paredes se colapsaran.

Contaron que el 12 de junio de 2017 Conagua les notificó que revertiría la concesión que les había otorgado un año antes, pues les faltó el acta de asamblea de la comunidad indígena, donde se autorizara la perforación del pozo.

Los campesinos buscaron a Adolfo Bonilla, quien argumentó: fue por presión política de Narro (Céspedes), dirigente de la CNPA, quien en representación de una comunidad indígena pidió detener los trabajos.

Finalmente acudieron al RAN y a la Sedatu, donde obtuvieron la constancia referida que confirma que Mesa de Palmira no es indígena. Con el oficio, puntualizaron, interpusieron un amparo el 17 de julio anterior, y presentaron su acta de asamblea del 2 de enero. La justicia federal les concedió suspensión provisional contra la revocación de la Conagua-Semarnat, y se fijó el próximo 22 de agosto para la audiencia constitucional.