Chilpancingo, Gro.

Al cumplirse este domingo ocho años del asesinato del entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado, Armando Chavarría Barrera, el fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, aseguró que se iniciaron averiguaciones previas contra los presuntos culpables, e informó que la investigación ha tenido 10 etapas desde que se inició.

Se removió de su cargo al fiscal de asuntos especiales, pues no había practicado diligencias desde el punto de vista jurídico. Para ello se designó un grupo especial de agentes del Ministerio Público y policía ministerial que atendiera el asunto de Chavarría, aseguró.

Informó que el 31 de julio se le entregó a la diputada Flora Añorve Ocampo, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, un informe de las investigaciones sobre el crimen.

Recordó que tres ex procuradores y cinco abogados coadyuvantes del PRD intervinieron en este caso, pero en esta etapa de manera desafortunada no se avanzó en la investigación.

Recalcó que la fiscalía remitió al juzgado penal la solicitud de orden de aprehensión contra varios sujetos que presuntamente participaron en el homicidio de Chavarría y se desarrollaron varias hipótesis por el crimen: la afectiva, la política, la dedelincuencia organizada, y la de los grupos subversivos.

Luego de lo anterior, el fiscal general del estado procederá a poner a los responsables a disposición del órgano jurisdiccional, indicó Olea Peláez.

Deslinde del ERPI

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) agrupación a la que se pretendió atribuir la ejecución del dirigente perredista el 20 de agosto de 2009, se deslindó del crimen.

Exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores detener al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, a quien responsabiliza de ser el autor intelectual del asesinato del perredista y por tratar de desviar la atención con una línea pasional y otra que señalaba al ERPI como responsable del homicidio.

Que el gobierno de Héctor Astudillo no continúe con la versión en la que se acusa a la guerrilla del asesinato de Chavarría Barrera. Afirmamos que el asesinato del entonces diputado es un crimen de Estado, como lo fueron las masacres de Aguas Blancas, El Charco, Acteal y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, indicó el ERPI en un comunicado de prensa.