El crecimiento económico del país está limitado por la corrupción y la impunidad que se han fortalecido en los años recientes a niveles preocupantes, pese a que las políticas monetaria, fiscal, de competencia y en materia de inversión han logrado un entorno de estabilidad macroeconómica, aseveró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

La corrupción en el manejo de los recursos públicos, en la asignación de proyectos de inversión en infraestructura, temas de seguridad, salud e incluso educación, son la base de un entorno de desconfianza que inhiben una mayor inversión productiva, por lo tanto limitan la generación de puestos de trabajo mejor remunerados, advirtió.

La situación de los hogares, agregó, no ha tenido mejoría: existe una precarización del empleo, elevada informalidad, bajos salarios y pérdida de capacidad adquisitiva, que se conjugan con altos niveles de desconfianza en familias y empresas.

El Ceesp refirió que México ocupa los últimos lugares en siete aspectos del Índice de Estado de Derecho que elabora el World Justice Project (WJP) para medir el nivel de corrupción en 113 países. En justicia penal y Estado de derecho ocupa los lugares 108 y 88, respectivamente.

Tales resultados, indicó, muestran los problemas de justicia penal al reflejar deficiencias que se perciben en materia de investigar y juzgar los delitos con éxito y de manera oportuna, mediante un sistema imparcial y no discriminatorio, que esté libre de corrupción e influencia indebida del gobierno y que garantice la protección de los derechos tanto de víctimas como de acusados.

En cuanto a justicia civil, el país ocupó la posición 101, lo que indica, según el Ceesp, que para la gente común no es tan factible resolver sus quejas de manera pacífica y efectiva.