La comunidad artística y cinematográfica formuló este domingo el documento base sobre las exigencias que consideran deben renegociarse en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en pro de los creadores y las industrias culturales.

El texto, de siete puntos iniciales y sujeto a modificaciones, se difundirá el próximo miércoles; será entregado por un grupo de artistas y creadores a la Secretaría de Economía (SE).

No queremos que ningún acuerdo del TLCAN obstaculice el mejoramiento de las políticas culturales que tienen que ver con la pluralidad, los derechos, el acceso y la distribución, afirmó el actor Daniel Giménez Cacho, uno de los organizadores del encuentro, junto con Dolores Heredia, Inna Payán y Víctor Ugalde.

Uno de los problemas más graves es que los derechos culturales no se ejercen a plenitud, porque no tenemos la pluralidad de voces y tampoco los mecanismos eficaces para reforzar la identidad para educar mediante el cine o la televisión.

Además, subrayó Giménez Cacho, estamos avasallados por la mercadotecnia de Hollywood y, por un sentido estrictamente comercial, no se valoran los bienes simbólicos, la identidad y la pluralidad.

Una de las peticiones a las secretarías de Cultura, Economía y Relaciones Exteriores, es que haya una comisión representante de los autores e intérpretes, en el cuarto de asesores permanentes del grupo negociador mexicano.

La importancia de estas propuestas, señaló Víctor Ugalde, significa defender la expresión del país. Tratamos de evitar que se incluya como aspecto comercial, tal como sucedió en 1993, cuando no se consultó a nadie.

La posición de la comunidad cinematográfica y audiovisual se configuró luego de encuentros públicos y privados con funcionarios e integrantes del Senado.

Otros de los puntos, que consideran deben ser modificados –tras la adhesión de ideas y propuestas de organizaciones, creadores y la sociedad civil– es que México haga las reservas necesarias en materia de cultura para garantizar la existencia de la producción (bienes) y la circulación de la expresión cinematográfica y audiovisual mexicanas para que gocen de protección por ser un derecho humano y no se les considere como simples servicios transfronterizos.