Buenos Aires.

Alrededor de mil millones de pesos al valor del mercado no fueron declarados por el presidente argentino, Mauricio Macri en su declaración de bienes en 2016, que sumó 82.6 millones de pesos a lo que se añaden 44 millones que mantiene en un fideicomiso opaco, denunció este domingo el periódico Página 12.

Esto se añade a otras denuncias recientes que son investigadas judicialmente, según la cual mediante Vialidad Nacional, el gobierno de Macri estableció un tarifazo en los peajes de las autopistas de 400 por ciento. Entre los beneficiados, estuvo el grupo económico que controla la familia presidencial. Una de sus empresas, Sideco Americana, tenía acciones (7 por ciento) en Autopistas del Sol, que cobra el peaje en el acceso norte a esta capital.

Después de este tarifazo Sideco vendió sus acciones, que subieron de precio gracias a la decisión de la administración de Cambiemos: y pasaron de 19 a 89, pesos con lo cual la familia presidencial ganó casi 20 millones de dólares, un millón de pesos por día. Por esta razón el juez federal Daniel Rafecas, pidió informes a la Agencia Federal de Impuestos Públicos (AFIP) y a Vialidad Nacional en una investigación al mandatario por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y por enriquecimiento ilícito.

Ya existe otro fuerte antecedente con el escándalo sufrido por el gobierno cuando intentó condonar una deuda millonaria por el Correo al Grupo Macri. Ahora, la justicia investiga en un caso similar.

Esto se relaciona porque nuevamente el Ejecutivo benefició a una empresa familiar del presidente, lo que se añade a otras demandas sobre contratos, y dejando afuera el grave tema de las cuentas offshore que registraron Los Papeles de Panamá que el gobierno no permite investigar.

La investigación de este domingo revelada por el periodista Horacio Verbitsky en Página 12 indica que esos 900 o mil millones corresponde a un lote de terreno de 32.5 hectáreas en Bella Vista cuya valuación fiscal es de 122 millones, su valor al acto de 477 millones y el de mercado no menos de mil millones. En ese lugar se construyó un lujoso barrio privado, Buenos Aires Village con 250 unidades de viviendas, y las fracciones se ofrecen a 220 mil dólares (3.9 millones de pesos).

De acuerdo a la investigación en 2012 Macri negó que esa propiedad fuera suya y no figura en su declaración de bienes, pero en el Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires, fue registrado cuando aún no se había subdividido el Partido de General Sarmiento; hoy corresponde a Bella Vista, partido de San Miguel, señala el portal ámbito.com.

Esta es una de las razones por las que el Ejecutivo intenta apartar de su cargo a jueces independientes, que no responden al gobierno, algo que el propio mandatario comentó.

En estos momentos y cuando está en el aire el escándalo por la ilegalidad con que se envió a juicio político al juez federal y camarista Eduardo Freiler, el ministro de Justicia y Derechos Humanos German Garavano, convalidó esta anormal situación.

En abril pasado había comenzado una fuerte campaña por el tema de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín y La Nación, precisamente los que fueron favorecidos durante la pasada dictadura (1976-1983) con la venta ilegal y extorsiva de esa empresa cuyos dueños estuvieron en centros clandestinos de detención, sufrieron torturas y firmaron bajo amenazas una venta por cifras irrisorias. En manos de Freiler estaba esta causa, que por una maniobra de este gobierno se cerró intempestivamente. Pero Freiler pretendía continuar con el argumento real que no se había siquiera investigado las denuncias. Esto le costó persecución y un indebido tramado en el Consejo de la Magistratura que lo suspendió en medio de un escándalo.

Además Garavano no sólo apoyó este proceder denunciado como ilegal, sino que ahora solicitó la renuncia de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, a la que este gobierno ha perseguido desde que Macri asumió el poder. Garavano reiteró que debería renunciar, bajo el argumento de que no ha encarado el combate de la corrupción y del delito.

La embestida contra Gils Carbó se hizo más dura después que aparecieran varios funcionarios de Macri señalados por recibir dineros de la empresa brasileña Odebrecht, entre ellos nada menos que su actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y también su primo y testaferro Angelo Calcaterra entre otros. Macri intentó que toda esta temática quedara en manos de jueces amigos locales y de Brasil. Pero allí se insistió que este caso por sus implicanciones estaría en manos de los procuradores de ambos países. Para Gils Carbó, el objetivo de los ataques que recibe responden a que Macri quiere poner a un hombre de su confianza en la procuraduría.