Madrid.

Los Mossos d’Esquadra (policía autonómica catalana) lograron neutralizar a la célula yihadista del doble atentado de Cataluña, detuvieron a cuatro de los involucrados y mataron a seis en enfrentamientos directos, además de desentrañar la trama delictiva en menos de una semana. Un éxito que, sin embargo, ha despertado el malestar en un sector de la Guardia Civil española y de la Policía Nacional, que aseguran haber sido marginadas durante los operativos y las comparecencias en las que se informaba a la opinión pública.

Josep Lluís Trapero, comisario mayor de Los Mossos, fue la principal figura pública durante los días más intensos tras los atentados. Fue el responsable de informar, en catalán, castellano, inglés y francés, a la opinión pública y siempre con información medida, técnica, sin dar más datos de los necesarios y evitando poner en riesgo la operación policial. La popularidad de los agentes catalanes se encuentra en su nivel más alto, que se hace patente con reconocimientos espontáneos de la ciudadanía con aplausos en plena calle y elogios en las redes sociales. Esto también fue un éxito de las instituciones catalanas en plena confrontación con el Estado español por su intención de celebrar un referendo independentista el próximo primero de octubre.

El éxito de las instituciones catalanas provocó, sin embargo, el malestar en dos de las principales fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español: la Guardia Civil y la Policía Nacional, que son, además, las que cuentan con los grupos de inteligencia y contrainteligencia con que se combate a las células yihadistas. En un comunicado conjunto, la Asociación Unificada de los Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía señalaron que durante la gestión de los atentados en Cataluña se les había marginado de forma dolosa en la investigación con un único objetivo: enviar una imagen al exterior de un Estado catalán autosuficiente.

Para añadir más polémica, la Candidatura de Unidad Popular (CUP), el grupo parlamentario independentista y anticapitalista, señaló al Rey Felipe VI y al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, como responsables indirectos de los atentados por su colaboración y negocios con las monarquías de Arabia Saudita, que son, según la CUP, las que financian a este tipo de grupos.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se mostró partidario de revisar las relaciones comerciales y políticas con países como Arabia Saudita y Qatar.