Sólo por concepto de sueldos, los ex presidentes Luis Echeverría Álvarez, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, más las viudas de José López Portillo y de Miguel de la Madrid Hurtado, cuestan al erario alrededor de 800 mil pesos mensuales.

Los ex mandatarios Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León renunciaron voluntariamente a esa pensión en 2003 y 2006, respectivamente.

Sin embargo, en la Presidencia de la República no existe un documento por el cual ambos políticos del PRI, y públicamente distanciados y hasta antagónicos, hayan expuesto su voluntad de renunciar voluntariamente a tal pago.

La pensión de un ex presidente en términos brutos equivale a la de un secretario de Estado. El importe mensual se integra por 32 mil 813.14 pesos de sueldo base y 171 mil 308.91, de compensación garantizada, para un total de 205 mil 122. 06 pesos. Tal cantidad es, además, apenas 3 mil 448. 76 pesos menos del ingreso bruto mensual del Presidente de la República, de 208 mil 570 pesos.

Una respuesta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) reporta además que la viuda del presidente López Portillo, Alexandra Acimovic Popovic, (Sasha Montenegro), y la de Miguel de la Madrid, Paloma Cordero, reciben, sólo por lo correspondiente a la pensión de sus maridos, 81 mil 494.52 pesos al mes.

Todas estas cantidades están marcadas en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos, vigentes para este año.

Y como en otros casos donde se solicita información respecto de la seguridad de que provee el Estado mexicano a los ex mandatarios, el Estado Mayor Presidencial (EMP) utilizó el mismo argumento:

‘‘Se trata de información clasificada como reservada por cinco años, porque difundirla permitiría que individuos o grupos delincuenciales puedan identificar a los elementos de este órgano técnico militar, así como su estado de fuerza, menoscabando su capacidad de respuesta y haciéndolos susceptibles de cualquier atentado en contra de su integridad física, ocasionando que en determinado momento se encuentren desprotegidos y se vulnere en consecuencia su propia seguridad.’’

Es, en resumen, la salida usual del Estado Mayor Presidencial –basada en la legislación sobre transparencia– cuando es requerida información respecto del personal de seguridad destinado tanto al presidente en funciones como a los integrantes de su gabinete.