En México persisten graves rezagos en el sistema de procuración de justicia, como lo demuestran las fallas en la investigación de delitos, la ejecución inadecuada de sentencias, las violaciones a los derechos humanos de imputados y víctimas, y la falta de mecanismos de rendición de cuentas.

Así lo advirtieron los participantes en el foro Operación, gestión y cambio en las instituciones de procuración de justicia, realizado ayer en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde expertos de diversos países recomendaron priorizar la atención a la víctima y garantizar los recursos económicos suficientes para combatir los delitos más graves.

María Novoa, directora del área de justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo, afirmó que uno de los indicadores de la ineficiencia de los organismos judiciales en el país es que entre 40 y 60 por ciento de los casos de agravios no tienen a un probable responsable detenido, y en 30 por ciento de los episodios en que sí lo hay, tampoco se llega a una sentencia definitiva.

De igual forma, consideró que existe un uso excesivo de la aplicación del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales –que establece la posibilidad de que un acusado siga su proceso en libertad mientras dura la investigación, en delitos considerados no graves–, puesto que en 75 por ciento de los casos las indagatorias no avanzan realmente.

A lo anterior se suma la alta incidencia de violaciones de derechos humanos en contra de imputados y víctimas, la falta de una visión integral de la seguridad y la justicia (que incluya la prevención del delito y la reinserción social) y la rigidez de las instituciones para entender y erradicar diversos crímenes, lamentó Novoa.

Frente a dicho escenario, expertos internacionales, como Emilio La Rota (Colombia), Victoria Becerra (Chile), Héctor de León (Guatemala) y Elvyn Díaz (Guatemala) coincidieron en que es fundamental hacer una evaluación de cuáles son los delitos más graves y sensibles, para garantizar recursos económicos suficientes en su combate.

Asimismo, alertaron que al transitar de un modelo de justicia penal a otro, siempre hay sectores a los que incomoda tener que adaptarse a nuevas formas de trabajo, y comienzan a presionar para volver a las anteriores, bajo la lógica de que más vale lo viejo por conocido, en vez de aprovechar las ventajas de los esquemas acusatorios adversariales.