l 29 de marzo 2017, en la Universidad Estatal Valle de Ecatepec –antes del arranque de las campañas electorales en el estado de México– el secretario de Hacienda, José Antonio Mead, encabezó la entrega simbólica de recursos a 150 adultos mayores, que en algún momento de su vida trabajaron formalmente y acumularon recursos en el SAR. Lo acompañaban Eruviel Ávila, gobernador; Mikel Arriola, director del IMSS; Carlos Ramírez, presidente de Consar, así como Carlos Noriega, presidente de Amafore.

Portaba cartas que garantizan esos recursos y avalan que, los de 65 años y más, pueden retirarlo de la Afore. Muchos de ustedes, dijo, que trabajaron no alcanzaron una pensión. Pero a partir de las reformas 1992-1997 nadie pierde su dinero. Todos los que trabajaron, aunque sea un mes, contribuyeron a una Afore y esa contribución está generando ahorro.

También informó que en el estado de México hay 350 mil adultos en esta condición y señaló que hay que irlos a buscar y llevarlos de la mano para que recuperen ese guardadito que les permitirá poner un negocio, ayudar a nietos o enfrentar imprevistos. Y remató: Hay gente que le gustaría pensar que apenas estamos trabajando pero no se da cuenta de que en Edomex estamos desde hace años trabajando de manera coordinada para ayudar a los mexiquenses.

Meses después, el 28 de julio, Meade declaró que la presión que ejerce sobre el gasto público la necesidad de financiar el creciente déficit para el pago de pensiones es uno de los factores que determinarán la magnitud del recorte para el gasto en 2018. Es decir: pretende culpar a las pensiones de los recortes futuros.

Para esta peregrenina empresa, encontró algún eco en el desparpajado estudio Pensiones en México: 100 años de desigualdad (CIEP –Centro de Investigación Económica y Presupuestaria–, 2017) donde –empezando apenas a intentar entender el asunto– se atreve a sostener que la desorganización y falta de control en el financiamiento y gasto de las pensiones ha derivado en que hoy el gasto represente 15.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y 3.7 del PIB, con tendencia a incrementarse. ¿”Desorganización, falta de control o costo de la reformas adoptadas?

Recibiendo fuertes críticas, algo similar había comunicado el BID, por la voz de Carmen Pagés: Los retos de los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe y su vínculo con el mercado de trabajo, (2015) y David Kaplan Las pensiones no contributivas y su papel en la equidad, (2015).

Pero el asunto de fondo consiste en establecer cuánto del monto de las pensiones en curso de pago: 720 mil millones de pesos para 2017, deriva del tipo de reformas adoptadas por la tecnocracia hacendaría en 1995-IMSS (Zedillo) y 2007-Issste (Calderón-Beltrones).

Para Odilia Ulloa Padilla “al momento de analizar el gasto público en pensiones, debe distinguirse entre sus componentes para valorar cuáles ejercen ‘mayor presión’ en el presupuesto. Por ejemplo, el gasto programable del sector público en pensiones para 2016 se estimó en 616.9 mil millones de pesos (3.2 por ciento del PIB). 348.4 mil millones de los cuales (56.2 por ciento) corresponden al costo de la reforma IMSS-Issste (1.8 por ciento del PIB). Lo anterior sin considerar otros elementos de costo fiscal como el gasto creciente de la pensión mínima garantizada” (Reforma de pensiones en México: diseño, promesas y evidencias, El Cotidiano, 204, UAM-A).

Cuando se dispara con perdigón, como en el estudio del CIEP, puede entonces sostenerse, sin rigor alguno, que se trata de 100 años de desigualdad. Pero ocurre que la fracasada reforma del IMSS cumple 20 años (1997) y la del Issste (2007) 10. Luego entonces, lo correcto sería aludir a 20 años de ¿desigualdad? ¡No! De fracaso de ambas reformas y con su consecuente costo fiscal: 56.2 por ciento del total erogado para las pensiones en curso de pago correspondientes al año 2016. ¿100 años de desigualdad?

Es claro que como responsable de la finanzas públicas, el secretario Meade debe ser extraordinariamente prudente y cuidadoso al escudarse en la pensiones para anticipar recortes. La seriedad de esa responsabilidad conlleva emisiones exactas. Mientras no descomponga públicamente el peso que sobre las pensiones en curso de pago tiene el costo fiscal de las fracasadas reformas IMSS-Issste, sus emisiones no lo serán.

O es que, acaso, ¿pretende endosar –a quienes en ejercicio de su derecho hoy devengan las jubilaciones y pensiones que ganaron en la entera carrera laboral– el costo de los yerros de la tecnocracia hacendaria que fracasó con las reformas IMSS-Issste? ¿Busca escudarse en ellos para justificar futuros recortes? ¿Honrará su afirmación de acuerdo a la cual a partir de las reformas 1992-1997 nadie pierde su dinero?

Y lo más grave, evitar ocuparse de tratar con precisión las pensiones en curso de pago, sólo seguirá distorsionando la correcta compresión que requerimos para reconstruir –a la brevedad– el sistema de pensiones al que aspiran los que pasarán a retiro y, muy especialmente, los jóvenes, después del fracaso de esas reformas tecnocráticas, como ya anticipa sobradamente el ejemplo chileno.

¿Qué hay que reconstruir? Lo que las fracasadas reformas fracturaron: el soporte de la mutualidad inter e intrageneracional que garantizaba la cobertura de jubilados y pensionados con la solidaridad de los trabajadores activos. Esa fractura se expresa en bajas tasas de remplazo, bajas densidades de cotización y muy bajas pensiones. Eso es lo que, ahora, hay que reconstruir.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco