Ciudad Juárez, Chih.

Con un minuto de aplausos en honor a la periodista y corresponsal de La Jornada Miroslava Breach Velducea, la mañana de ayer se realizó el primer Foro sobre Libertad de Expresión y el Rol de los Periodistas y Comunicadores en México (de seis que se efectuarán en varias ciudades del país), convocado por la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez (APCJ) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros organismos.

Durante el análisis de las propuestas para luchar por la protección de los comunicadores en todos los ámbitos, incluyendo el laboral, se mencionó en múltiples ocasiones a Breach y a Javier Valdez, también corresponsal de La Jornada, como casos emblemáticos de periodistas privados de la vida por su trabajo.

En ese acto, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sostuvo que las agresiones a periodistas tienen como primer objetivo intimidar y autocensurar al gremio y, con ello, obstaculizar el acceso de la sociedad a la información.

Recordó que de 2000 a la fecha se han cometido 129 homicidios, 51 atentados y 20 desapariciones de reporteros en todo el país.

El ombudsman recordó que Chihuahua es considerado foco rojo en materia de agresiones a periodistas, ya que se encuentra en el tercer lugar de estos ataques en todo el país, sólo detrás de Veracruz y Tamaulipas.

El titular de la CNDH se pronunció en contra de la impunidad que, sostuvo, es una de las causas de las agresiones y asesinatos de periodistas. El crimen lacerante de Miroslava (Breach) es emblemático por lo que significa. Evidencia la incapacidad para prevenir los homicidios, lo insuficiente de los mecanismos de protección. El mejor antídoto de protección que puede haber es acabar con la impunidad y la corrupción, aseveró González sobre la falta de detenidos por los homicidios de periodistas.

Francisco Cabrera, de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Ciudad Juárez (SPYC), reclamó por la falta de seguridad para trabajadores del gremio y la hostilidad en la que viven desde que tomó posesión como gobernador Javier Corral Jurado, al igual que los funcionarios emanados del Partido Acción Nacional.

Otros miembros de la SPYC demandaron promover leyes para brindar seguridad laboral y social a los comunicadores, ya que se han dado cuenta de que no pueden dejar a sus hijos ni siquiera un seguro de vida o una pensión por estar trabajando en el sistema explotador de honorarios, conocidos como free lance, que evita responsabilidades a la patronal.