Ante el dinamismo y la flexibilidad con la que actúan los grupos de la delincuencia organizada, las instituciones de seguridad han reaccionado con lentitud y sin tener las herramientas más adecuadas, lo cual se suma a la gran capacidad de los criminales de corromper a los funcionarios públicos encargados de combatirlos, aseguraron los participantes en la última mesa temática de los foros de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.

Señalaron que la estrategia de capturar a los supuestos líderes de organizaciones criminales no logrará terminar con esos grupos mientras no se desarticulen sus medios de financiamiento.

Adam Blackwell, catedrático del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, subrayó que la economía ilícita está creciendo exponencialmente, a una rapidez nunca antes vista, pero estamos enfrentándola con las mismas tácticas de ayer.

Un ejemplo de la magnitud de las actividades delincuenciales, destacó el especialista, es que tan sólo en 2015 la falsificación y la piratería generaron 1.7 trillones de dólares, y combinados con el tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de dinero, la cifra llega a casi 3 trillones, que equivalen al doble del total de la economía de Canadá.

Para alcanzar dichos números, los grupos criminales actúan de manera flexible y ágil, además de recurrir a la complicidad de los gobiernos a través de sobornos a funcionarios, lo cual es casi imposible de combatir, y menos aún con organismos de seguridad que cuentan con presupuestos limitados y carecen de los más recientes avances tecnológicos.

Política sin efectividad

Ana Linda Solano, ex funcionaria especializada en delincuencia organizada de la Fiscalía General de Colombia, subrayó por su parte que la política de golpear a los cabecillas de los cárteles no ha sido efectiva para terminar con ellos, puesto que son como una hidra: cuando se les corta una cabeza, de inmediato le salen otras.

La extrema adaptabilidad de los grupos delincuenciales, recalcó, hace que puedan sobrevivir y evolucionar pese a los decomisos o aprehensiones que realizan las fuerzas de seguridad, por lo que es imprescindible atacar las fuentes económicas de estas organizaciones y tener una visión integral de su funcionamiento.

Carlos Mendoza, titular de la Fundación para el Estudio de la Seguridad y Gobernanza, puntualizó que ante el crecimiento del fenómeno de la delincuencia organizada, las autoridades mexicanas han tenido una respuesta lenta e insuficiente.

Para ilustrar el punto, el experto indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) aumentó el presupuesto de su unidad contra la delincuencia organizada tan sólo de 97 millones de pesos en 2006, a 105 millones en 2011, lo cual significa incluso una disminución en términos reales, además de que su cantidad de policías federales ministeriales ha aumentado de forma marginal.

Israel Lira, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la PGR, indicó que los grupos criminales usan tecnología de punta y corrompen a una gran cantidad de servidores públicos, y admitió que las autoridades no han sido tan eficientes para atacar sus medios de financiamiento.