on aprobación de 5 por ciento de la opinión pública, Michel Temer, que ocupa la presidencia de Brasil gracias a un golpe institucional consumado hace año y medio, decidió atender de manera radical a la demanda insistente de su único respaldo efectivo, los dueños del dinero: privatizar todo lo que se considere privatizable. Es decir, el patrimonio del país.

Por estos días anunció un programa de privatizaciones sin antecedentes, siquiera en los tiempos de neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que al menos podía argumentar ser un presidente legítimo, electo dos veces por sufragio universal. Temer carece de cualquier vestigio de legitimidad. Basta con ver cómo el país está absolutamente aislado en el escenario global para comprobarlo.

Pese a todo aislamiento –rechazado internamente por 95 por ciento de los brasileños, ignorado externamente– su gobierno impone un neoliberalismo fundamentalista. Resultado: las medidas anunciadas provocaron euforia en el mercado financiero y profundo rechazo en la misma opinión pública que lo desprecia.

Serán privatizados puertos, aeropuertos, autopistas, terminales marítimas, loterías y hasta la mismísima Casa de la Moneda, creada en 1694, tiempos coloniales, responsable por la emisión de dinero, estampillas postales y pasaportes.

De los 14 aeropuertos que serán privatizados se destaca el de Congonhas, en plena región urbana de San Pablo. Tiene el segundo mayor tráfico aéreo del país y deja beneficios de mil 700 millones de dólares anuales a las arcas federales.

También se anunció, por estos días, que nuevas áreas del presal, los yacimientos de petróleo en aguas ultraprofundas, serán llevadas a subasta. Empresas de todo el mundo podrán participar y, a diferencia de lo que determinaba la legislación anterior, sin estar obligatoriamente asociadas a la estatal Petrobras.

Las inversiones de miles de millones de dólares necesarias para que se llegara a la tecnología más desarrollada del mundo en operaciones en aguas ultraprofundas fueron realizadas por el Estado brasileño. El éxito de todo ese trabajo será ahora disfrutado por empresas multinacionales.

De todo lo que se reveló, dos medidas fueron especialmente impactantes.

Una ha sido la decisión de privatizar la Eletrobras, que controla 47 plantas generadoras hidroeléctricas, 144 termoeléctricas y 69 eólicas, responsables por 47 mil megavatios (MW), es decir, 32 por ciento de toda la energía generada en Brasil. Se trata de una de las mayores generadoras del planeta, y controla 47 por ciento del sistema de distribución en el país.

En total, el gobierno espera recaudar alrededor de 45 mil millones de reales, unos 15 mil millones de dólares. De ese monto, unos 20 mil millones de reales (6 mil 800 millones de dólares) vendrán de la venta de Eletrobras. Como muestra del absurdo de la iniciativa de Temer, especialistas recuerdan que en los últimos 10 años las inversiones de recursos públicos en la estatal han sumaron casi 20 veces más.

La otra medida considerada un escándalo sin parámetro ha sido la puesta en venta de un área de selva amazónica cuya dimensión supera a la superficie de Dinamarca. Se anula una ley de hace más de 30 años que determinaba tratarse de una reserva ambiental, para que se permita la apertura de minas de oro y otros metales.

El gobierno dice que ya existen cuatro empresas extranjeras interesadas en adquirir esas tierras, que serán desmatadas. Vale repetir: un área equivalente a Dinamarca.

Son tierras vecinas a reservas indígenas. La explotación de minas de oro y otros metales significará, inevitablemente, la contaminación de los ríos de la región.

Ambientalistas de todo el mundo protestaron con violencia, pero en vano: Temer hace lo que quiere el mercado, y si vender el país es parte de las órdenes que recibe, pues cumple y ya.

Las privatizaciones tendrán de ser aprobadas por el Congreso. La extinción de la reserva ambiental, no: es suficiente el decreto-ley bajado por Temer.

Ya surgieron brotes de resistencia en el Congreso, principalmente con relación a la privatización de Eletrobras. No se trata, sin embargo, de conciencia cívica: es que muchos diputados y senadores tienen ahijados instalados en puestos de decisión en las empresas que integran la compañía.

En la actual legislatura, la de peor nivel –en todos los sentidos: ético, moral, político– desde la retomada de la democracia, conciencia cívica es algo tan difícil de encontrar como una heladería en el Sahara.

Todo, en el Congreso, tiene un precio, y Michel Temer y su bando son expertos negociadores. Supieron neutralizar una contundente denuncia del fiscal general que pedía la apertura de investigación contra el presidente, por crimen de corrupción. El pedido estaba amparado por un océano de pruebas e indicios sólidos. Temer supo comprar los votos necesarios para que fuese rehusado.

Se sabe que al menos dos denuncias más están en camino. Dando muestras de estar convencido de su inmunidad, Michel Temer emite señales de cariño a los verdaderos dueños del poder. Lo hace vendiendo el país.

Y lo más asombroso es que nadie parece capaz de impedir esa tragedia.