Los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila aprobar para evitar el uso electoral de los programas sociales repiten muchos aspectos de los acuerdos avalados en 2015 y sólo incluyen algunas novedades como prohibir la entrega de beneficios en actos masivos en precampañas.

Este año, tras el escándalo que provocaron las ceremonias multitudinarias encabezadas en el estado de México por secretarios del gabinete federal, el INE ordenó la suspensión de estas acciones durante las campañas, no a partir de las precampañas.

El primer documento –cuya copia tiene el diario y que el consejero presidente Lorenzo Córdova sometió a discusión ayer entre sus pares– incluye muchos aspectos de los seis acuerdos aprobados en 2015, 2016 y 2017 para evitar el uso electoral de los programas sociales, así como la compra y coacción del voto.

De hecho, señala en el punto 14 que los programas sociales no deben suspenderse durante las campañas electorales. Sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, desde el inicio de las precampañas los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, explica en una de las 54 páginas del documento.

Apresurados, porque en dos semanas se inicia el proceso electoral 2017-2018, los consejeros se reunieron ayer sábado en las instalaciones del INE y acordaron aprobar los lineamientos, que complementan los de piso parejo, en la sesión del Consejo General del 5 de agosto. Por esa razón todavía relaborarán este primer texto.

La mayoría se pronunció por prohibir las entregas de beneficios en actos masivos a partir de las precampañas, frente a la postura de Pamela San Martín, que planteaba adelantarlo al 8 de septiembre.

Para evitar que un acto masivo se confunda con la entrega habitual de beneficios que implique la formación de filas de personas, definieron también consultar el tema con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, explicaron los consejeros Benito Nacif y Enrique Andrade.

Otro aspecto novedoso consiste en que antes de las precampañas el INE hará una especie de catálogo de los programas sociales oficiales, pero los consejeros aún no definen qué instancia los publicitará, si los gobiernos federal y estatales o continuará haciéndolo el instituto.

Si se entregan beneficios que no fueron informados a la autoridad electoral en los plazos señalados o cuyas reglas no se publicaron se considerará que tiene una finalidad electoral y que van en contra de lo establecido por la Constitución y las leyes.

Acordaron añadir que durante las campañas electorales los gobiernos no deberán bajar de sus páginas de Internet información de transparencia sobre los programas sociales, relacionada, por ejemplo, con presupuestos y padrones de beneficiarios.

Esta primera versión reitera añejas reglas como que no podrá difundirse propaganda gubernamental en los medios de comunicación a partir del inicio de las campañas, con excepción de las relativas a servicios educativos, salud y protección civil en casos de emergencia.

Además, no podrán incluirse frases, imágenes, voces o símbolos que representen propaganda gubernamental o personalizada de un servidor público. También reitera varias limitaciones impuestas a los servidores públicos contenidas en la Constitución, la ley en materia de delitos electorales y en sentencias del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación.