Guatemala.

Guatemala entró esta semana en una crisis política luego de que el presidente Jimmy Morales intentó expulsar al ex magistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad para Guatemala (Cicig), una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 2015 lidera una lucha inédita contra la corrupción junto a la fiscalía.

Aunque la orden fue frenada temporalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país, la decisión de Morales generó protestas y llevó a la renuncia de las ministras de Salud, y Trabajo y Previsión Social, además de la remoción del canciller Carlos Morales, al rechazar la medida.

En un breve video difundido en Twitter, el presidente Morales declaró non grato a Iván Velásquez, y le ordenó abandonar inmediatamente la República de Guatemala, dos días después de que la CICIG y la fiscalía empezaron un proceso para quitar la inmunidad al gobernante, sospechoso de financiamiento ilegal en el partido FCN-Nación, que lo llevó al poder en 2015.

Según las investigaciones, cuando era secretario general de FCN-Nación, Morales recibió aportes anónimos y no declaró a la autoridad electoral el origen de varios fondos de campaña.

Para fundamentar la expulsión, Morales –ex comediante de televisión que asumió la presidencia en enero de 2016– citó artículos de la Constitución y de la Convención de Viena sobre la prohibición de diplomáticos de inmiscuirse en asuntos internos del Estado.

Además, anunció la destitución de su canciller, Carlos Morales, quien se negó a expulsar a Velásquez, y nombró en su lugar a la embajadora Sandra Jovel.

Mediante un amparo provisional, que deja en suspenso la decisiónde Morales, la CC frenó la expulsión del titular de la Cicig, dijo Francisco de Mata, presidente de la Corte de Constitucionalidad.

La petición de amparo fue presentada por el ciudadano Álvaro Montenegro, junto con el abogado Elvyn Díaz, quienes el sábado interpusieron el recurso ante la amenaza de la expulsión del comisionado.

La resolución del máximo tribunal señaló que la cancillería guatemalteca debe abstenerse de cumplir la orden del presidente de expulsar al ex magistrado colombiano.

Tras el anuncio de la expulsión, las ministras Aura Leticia Teleguario, de Trabajo y Previsión Social, y Lucrecia Hernández, de Salud, y sus respectivos viceministros, anunciaron la renuncia a sus cargos.

Al declarar “non grato a Iván Velásquez usted asume una postura en favor de la impunidad y de los sectores corruptos (…) ante esas acciones prepotentes que parecen dirigidas a obstaculizar la justicia, consideramos que el plan de trabajo que veníamos desarrollando deja de ser ética y políticamente viable en un gobierno como el suyo, por lo que presentamos nuestra renuncia irrevocable”, indica la carta de los funcionarios dimitentes de Salud publicada en Twitter.

La fiscal Thelma Aldana, quien con Velásquez empezó el viernes pasado el trámite para retirar la inmunidad al presidente Morales, también amenazó con renunciar, de concretarse esta expulsión.

Diversos sectores sociales se concentraron en respaldo al jefe de la comisión en esta capital, afuera de las oficinas de la Cicig y de la Corte.

Al grito de¡Iván se queda, Jimmy se va! unos 2 mil manifestantes también protestaron frente al Palacio Nacional y la Casa Presidencial.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la decisión y solicitó que las autoridades guatemaltecas traten a Velásquez con el debido respeto a sus funciones como servidor civil internacional.

La decisión de Morales también fue criticada por las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.

A petición del gobierno guatemalteco, la Cicig lidera una lucha anticorrupción con la fiscalía desde 2007. Su objetivo ha sido sanear el sistema judicial y combatir estructuras del crimen incrustadas en el Estado. En abril de 2015 la comisión destapó un fraude en las aduanas que obligó a renunciar al entonces presidente Otto Pérez y a la vicepresidenta Roxana Baldetti.